Sobre urbanismo productivo
Por Manuel J. Marchena Gómez – Catedrático de Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla.
El péndulo en el ejercicio del urbanismo español es desgraciadamente fiel reflejo de la deriva política entre extremos de concepción neoliberal de la cosa pública o de interpretaciones extremadamente rígidas e intervencionistas en la aplicación de la planificación territorial. No nos cabe duda que la ciudad española, pese a su crecimiento feo y banal en buena parte de lo acontecido en el último medio siglo, está mejor concebida gracias al planeamiento urbanístico. O dicho de otra forma, pese el asalto constante al plan urbanístico, qué hubiera sido de las ciudades españolas sin planeamiento urbano.
Pero el aseguramiento del cumplimiento del plan por parte del legislador y la lucha contra la corrupción urbanística demasiado frecuente en nuestro país ha conducido como efecto colateral, a una fuerte rigidez en la interpretación y aplicación del planeamiento urbano y lo peor, a una tediosa burocratización. Ello hace inviable la solución de los problemas reales de la ciudad y genera una amortización de la propia planificación; si es que llega a aprobarse definitivamente en el mejor y minoritario de los casos.
Al respecto y si sirve como plataforma de debate, quisiéramos puntualizar seis consideraciones:
1.- El urbanismo peca en su concepción epistemológica de soberbia omnicomprensiva, pero a su vez la tozudez del mercado inmobiliario revienta los supuestos de lo planificado en numerosas ocasiones. Esta dialéctica perversa deviene en un efecto nocivo: el planeamiento se convierte en la suma de informes sectoriales, con sus lógicas administrativas propias. Es necesaria y urgente la simplificación administrativa.
2.- El planeamiento como documento normativo imprescindible y necesario para las políticas públicas urbanas necesita de mayor flexibilidad, de mejor convicción estratégica. Sustanciando sus propuestas en la colaboración público-privada, en el convenio urbanístico transparente o en la utilización de los planes especiales allí donde existan problemas singulares en la aplicación del planeamiento; convirtiendo el urbanismo especulativo en urbanismo productivo.
3.- La tendencia para orientar la política pública hacia el mencionado urbanismo productivo es la de que las Comunidades Autónomas se subroguen un ejercicio más estratégico de la ordenación territorial y que los municipios materialicen dichas directrices. Planes, como decimos, de visión estratégica que soporten los ciclos económicos y con mucha menos pormenorización y rigidez en sus determinaciones.
4.- La última década ha acentuado el problema de la seguridad jurídica en la interpretación de los jueces de cada alegación mayor o menor de los particulares al plan y, por supuesto, por conflictos entre administraciones. La judicialización del planeamiento requiere de una seguridad y regularidad doctrinal imperiosa. El conflicto entre partes, la tensión entre lo público y lo privado en el suelo y la edificación, hacen muy dificultosa la aplicación o lo que es lo peor, ni siquiera la aprobación de los planes después de años para su redacción y, como decimos, su aprobación definitiva.
5.- Otro hecho enervante es el de la caducidad del planeamiento. Ni se ha alcanzado la aprobación del Plan y éste ya caducó en sus determinaciones por los cambios en el ciclo económico, el panorama cada vez más frecuente de incertidumbres de todo tipo –como corolario, una pandemia universal- y la inadaptación del territorio al cambio de paradigmas productivos. Se sustancia una suerte de metonimia donde el todo se confunde con las partes.
6.- Consideramos perentorio reactivar el papel de los patrimonios públicos de suelo como uno de los instrumentos más efectivos en las políticas urbanísticas. El manejo de los mismos de manera eficaz para la ordenación productiva de la ciudad es palpable por ejemplo, en la generación de vivienda social. Lo mismo cuando se mejoran los pliegos de la contratación pública con una perspectiva de colaboración público-privada alejada de la subasta y de las bajas temerarias y pretendiendo con esa contratación pública, un urbanismo productivo, tiende a mejorar la ciudad y su ordenación.
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