Interdependencias espaciales de la fiscalidad ambiental: cuando la vecindad importa (y no siempre igual)
Por Jaime Vallés‑Giménez y Anabel Zárate‑Marco –Dpto. Economía Aplicada. Universidad de Zaragoza
Desde los años ochenta, las comunidades autónomas han desempeñado un papel central en el desarrollo de los impuestos ambientales. Según datos del Ministerio de Hacienda, en 2023 existían más de 56 tributos ambientales de ámbito autonómico, con una notable heterogeneidad en sus características. Además, mientras algunas regiones, como Cataluña, han desarrollado una fiscalidad ambiental amplia y diversificada, otras, como Madrid, han optado por una presencia mucho más limitada. Este mosaico fiscal plantea una cuestión central desde la perspectiva de la Ciencia Regional: ¿hasta qué punto las comunidades autónomas deciden su política ambiental de manera independiente?
Nuestro estudio titulado “When neighbours matter: Asymmetries in environmental tax responses driven by regional context” y publicado recientemente en Review of Regional Research, analiza el comportamiento de las 17 comunidades autónomas entre 2005 y 2019, y muestra que, aunque la política fiscal ambiental de cada comunidad autónoma está fuertemente condicionada por factores internos (como su nivel de contaminación, su estructura productiva, la ideología de su gobierno o sus necesidades de recaudación), las decisiones adoptadas por las regiones vecinas también influyen de forma significativa en su diseño. Es términos generales, los cambios en la presión fiscal ambiental de una comunidad están estrechamente vinculados a los cambios que se producen en la fiscalidad de las regiones vecinas, lo que pone de manifiesto la existencia de una dependencia espacial intensa y significativa. No obstante, este efecto medio oculta estrategias territoriales muy distintas, relacionadas con las características económicas, políticas e institucionales del entorno (Tabla 1).
Tabla 1: Tipos de interacción espacial en la fiscalidad ambiental autonómica
Fuente. Elaboración propia a partir de la Tabla 7 de Vallés‑Giménez et al (2026), Review of Regional Research
Los resultados indican que la imitación fiscal medioambiental es más probable cuando las comunidades vecinas son económicamente prósperas y políticamente estables. En estos contextos, la cooperación fiscal ambiental resulta viable: las regiones pueden sostener niveles relativamente elevados de imposición ambiental sin que se observe una competencia territorial intensa. Estas comunidades tienden, además, a actuar como referencias fiscales dentro de su entorno regional. Por el contrario, cuando las vecinas son débiles económicamente, la lógica predominante tiende a ser distinta. En estos casos, las comunidades tienden a reaccionar reduciendo su presión fiscal ambiental relativa, con el fin de mejorar su atractivo económico. Este comportamiento de diferenciación competitiva introduce dinámicas que pueden reforzar las disparidades territoriales existentes. Un resultado adicional relevante desde la perspectiva regional es que la interacción estratégica entre comunidades se debilita de forma clara en contextos de baja recaudación ambiental. Cuando el esfuerzo fiscal ambiental del entorno regional es reducido, las estrategias de imitación y de competencia fiscal pierden relevancia.
Además, al distinguir entre los efectos que actúan sobre la fiscalidad ambiental de la propia comunidad (efectos directos) y los que se transmiten a las regiones vecinas (efectos indirectos), se identifican distintos patrones de interacción territorial (Tabla 2). Junto a la cooperación espontánea que surge cuando una región responde a mayores problemas de contaminación intensificando su fiscalidad ambiental y sus vecinas tienden a imitarla; aparecen comportamientos de tipo usuario gratuito o gorrón (free-rider), en los que algunas regiones se benefician del mayor esfuerzo fiscal ambiental de sus vecinas sin intensificar el propio. Este último patrón es especialmente visible cuando las comunidades más ricas y con mayor gasto público incrementan su fiscalidad ambiental, mientras que sus vecinas relajan la suya y se benefician de las mejoras ambientales generadas por el esfuerzo ajeno. También se observan ajustes compensatorios territoriales, en los que la relajación fiscal en una comunidad (debido a la presión del lobby industrial o a un fuerte respaldo electoral) es parcialmente compensada por aumentos en la fiscalidad medioambiental de las regiones vecinas, actuando como un amortiguador frente a dinámicas de competencia a la baja. Finalmente, no se encuentra evidencia de una carrera generalizada a la baja en la fiscalidad ambiental autonómica, un aspecto relevante en el debate sobre descentralización y sostenibilidad territorial.
Table 2: Variables explicativas agrupadas según sus efectos directos e indirectos sobre la fiscalidad ambiental
| EFECTO INDIRECTO | ||||
| + | – | |||
| + | Contaminación | Renta Gasto público | ||
| – | Impuestos directos Peso del sector industrial Aglomeración industrial Población rural Población joven Apoyo electoral | |||
Fuente: Elaboración a partir de la tabla 6 de Vallés‑Giménez et al (2026), Review of Regional Research
Estos resultados sugieren que la política fiscal ambiental en sistemas descentralizados requiere una lectura explícitamente territorial. La coordinación es necesaria, pero debe ser sensible a las asimetrías regionales. Los estándares mínimos comunes pueden desempeñar un papel clave para evitar bloqueos de baja cooperación, especialmente en entornos con limitada capacidad fiscal. Asimismo, los mecanismos de compensación interregional podrían contribuir a estabilizar el esfuerzo ambiental colectivo. Por último, la estabilidad política aparece como un factor facilitador de la cooperación regional, lo que apunta a ventanas de oportunidad para avanzar en acuerdos duraderos.
En definitiva, la fiscalidad ambiental autonómica no se diseña en el vacío. Se debe diseñar observando al entorno. Comprender estas interdependencias es esencial para evitar competir sin saberlo o cooperar solo de forma accidental, y para avanzar hacia una política ambiental territorialmente coherente.
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