Nuevos tiempos para la política regional europea: Desafíos en el ámbito español y andaluz
Por M. Carmen Lima Díaz – Profesora Titular de Economía Aplicada – Universidad Pablo de Olavide
Cuando España se incorporó al proyecto europeo, el consenso entre los expertos en política económica sobre la hoja de ruta para Andalucía era claro: promover su articulación territorial mediante el despliegue de infraestructuras físicas, que actuaran como herramientas catalizadoras del progreso de la región, para posteriormente beneficiarse de la plena realización del mercado interior.
Al registrar un PIB per cápita inferior al 75% de la media comunitaria, Andalucía se unía al grupo de regiones Objetivo 1, con marcadas deficiencias estructurales y receptoras de fondos europeos para promover su convergencia. Casi cuatro décadas después, es incuestionable que esta inyección financiera ha impulsado y reforzado la transformación económica de la región y ha supuesto además, un impagable resorte frente a momentos de incertidumbre como la crisis financiera de 2008 o de deuda soberana.
Sin embargo, a partir de la pandemia por Covid-19 asistimos a un cambio de timón desde Bruselas, apostando por políticas de gasto impulsoras de la actividad económica y la recuperación, e incorporando los fondos NextGenerationEU. Estos hacen lectura de la reciente crisis en términos de oportunidad, conformando el mayor paquete de estímulo financiero jamás aprobado para refundar la UE mediante un inédito Plan de Recuperación.
La Comisión Europea crea un escudo protector sobre los países financiado mediante la emisión de deuda pública mancomunada, salvando a las economías más débiles de ataques especulativos y retornando a valores europeístas de solidaridad. Además, se incide en el círculo virtuoso de los efectos multiplicadores keynesianos, nada desdeñables pues para el caso andaluz, se manejaban estimaciones que arrojaban que cada euro gastado en política regional podría generar un retorno de 1.5 euros.
En grandes números, el Plan de Recuperación Europeo ascendía en precios constantes de 2018 a 1.8 billones de euros (entre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 incrementado a 1.074 billones de euros, y el instrumento financiero, NextGenerationEU, con otros 750.000 millones de euros) y las actuaciones debían materializarse en planes nacionales, como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. Este suponía unos a 140.000 millones de euros en su gran mayoría dirigidos a ayudas y préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a distribuir entre 2021 y 2026, junto a otro recurso de menor calado como REACT-EU, similar a los fondos estructurales.
La gestión de estas partidas, aunque de recepción centralizada, debe contar con la participación de las administraciones regionales y locales; y precisamente aquí es donde surgen escollos, en la llamada co-gobernanza. También cobra especial protagonismo la condicionalidad, pues el desembolso de fondos queda sujeto a la implementación de ajustes estructurales, como la reforma del mercado laboral, del sistema de pensiones u otras más de 100 reformas en el caso español. El plan nacional se divide en 4 ejes transversales (transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género), 10 ejes palanca que delimitan la prioridad en las acciones; y otros tantos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) a los que se añade una Adenda al plan; elevando el potencial efectivo de financiación al 12% del PIB.
Los informes de ejecución publicados a nivel nacional son muy halagüeños situando el PIB español un 2% por encima de los niveles prepandemia, reflejando mejoras en el empleo, consumo privado y sector exterior. Asimismo, los impactos económicos esperados a más largo plazo, prevén una tasa de crecimiento medio de un 2.6% anual al margen de la senda inercial del PIB para el período 2021-2031, con las reservas propias de las incertidumbres del escenario internacional.
Para las administraciones regionales, se han convocado sucesivas Conferencias Sectoriales y Comisiones Técnicas, con un desembolso de más de 21.000 millones de euros, correspondiendo a Andalucía unos 3.500 millones (destacando la agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación, educación y formación profesional o empleo y cuidados; entre otras). Pero sin duda, la mayor crítica está siendo el bajo ritmo de ejecución presupuestaria, que aunque generalizada, resulta algo más marcada en Andalucía, con el consecuente riesgo para la consecución de objetivos.
La política europea actual es ambiciosa y cuenta con recursos significativos, pero requiere resultados sólidos en el largo plazo, lo cual estará condicionado por lo acertado de las inversiones estratégicas, la ejecución eficaz de los proyectos y, en definitiva, la eficiencia por euro gastado. Aquellas iniciativas desde la investigación académica aplicada que puedan anticipar posibles resultados de determinadas inversiones o de repartos alternativos de esta financiación, cobran más sentido que nunca. Difícilmente encontraremos una coyuntura tan provechosa, pero debemos ser escrupulosamente quirúrgicos. Cada euro cuenta.
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