Violencia económica en los estados de México: un obstáculo imperceptible para la autonomía y equidad de las mujeres

Por David Robles Ortiz – Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional – @drobleso – drobleso@ipn.mx – México

La violencia económica en México es una problemática que afecta la autonomía y bienestar de las mujeres. Se manifiesta mediante el control y restricción a recursos financieros y patrimoniales. En el imaginario colectivo, la violencia de género se reduce a la agresión física, psicológica y sexual. Sin embargo, la violencia económica y/o patrimonial debe tomarse en cuenta, pues no solo impacta en la libertad y dignidad de las mujeres, sino perpetúa la dependencia económica y refuerza la desigualdad de género. Además, es un tipo de violencia que viene acompañada de violencia psicológica y física, incrementando los feminicidios o muertes violentas de mujeres por razón de género, donde al año 2022, se han contabilizado en el país cerca de 4 817 casos. Lo anterior muestra la gravedad y persistencia del fenómeno en la región. Las Naciones Unidas (NU) describe la violencia económica como el intento de crear dependencia financiera mediante el control absoluto de los recursos de otra persona, restringiéndole su acceso y prohibiéndole trabajar o estudiar. Incluye acciones deliberadas que afectan recursos como ingresos, bienes, documentos o elementos básicos para el sustento del hogar, como alimentación, vivienda y ropa. Es un tipo de violencia que se ha agravado desde la pandemia, al venir acompañada con un deterioro del mercado laboral por la eliminación de las fuentes de empleo, limitando los recursos de los hogares e incrementando la dependencia económica de la mujer hacia su pareja. En cifras, con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), al 2022, más del 70% de las mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, en la que la violencia económica o patrimonial representa el 27.4%.

 

Fuente: realización propia, con datos de INEGI (2022)

El Estado de México es la entidad con un número mayor de mujeres que han sufrido de este tipo de violencia con 1 millón 892 mil 322 casos, seguido de la Ciudad de México con 1 millón 117 mil 229 casos registrados. Situación que no solo afecta a México, sino también al resto de países de Latinoamérica. En Argentina el 23.8% de las mujeres sufrió alguna situación de violencia económica y/o patrimonial, siendo el segundo tipo de violencia más reportado después de la psicológica. En Colombia, 11.5 millones de mujeres, es decir, un 45% de la población femenina la han padecido. En Venezuela, durante el período comprendido entre marzo y junio de 2020, se registró un aumento del 80% en las denuncias relacionadas con este tipo de violencia.

Históricamente, la violencia económica se ha desarrollado de manera casi imperceptible en los países de América Latina, ocasionando la carencia de políticas públicas que ha permitido su crecimiento. En este sentido, las acciones que debe contemplar la política pública para combatir la violencia económica va más allá de establecer la legislación que la tipifique como delito, ejemplo de ello es la Ley de Protección Integral a las Mujeres en Argentina; en Colombia la Ley 1257, en la que se estipulan normas de prevención, sensibilización y sanción de modos de violencia y discriminación contra las mujeres; la ley 30364 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar en Perú; así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México; todas ellas de reciente creación. Sino también, se requiere de garantizar el acceso a recursos económicos, mediante programas de inclusión financiera, como créditos, subsidios, acceso a vivienda, entre otros apoyos. Asimismo, se demandan campañas de educación y sensibilización sobre igualdad de género y derechos económicos; creación de programas de capacitación y emprendimiento para que las mujeres adquieran habilidades por mencionar algunas.

Fuente: Creative Commons (2024).

 

Eliminar este tipo de violencia no solo asegura los derechos humanos de las mujeres, sino que también promueve su autonomía, equidad y dignidad. Asimismo, impulsa sus derechos económicos, fomenta su participación en la vida social y económica del país, y contribuye a reducir la pobreza. Además, ayuda a construir sociedades más equitativas y con un desarrollo inclusivo, motivando el bienestar general de la población.

 

Referencias:

CEPAL. (2022). Violencia feminicida en cifras. América Latina y el Caribe. Poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas y al feminicidio: reto clave para la construcción de la sociedad de cuidado. Naciones Unidas. Disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/infographic/files/c2300197_boletin_1_violencia_esp_web.pdf

INEGI. (2022). Encuesta nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los hogares. ENDIREH 2021.

Red LATAM de Jóvenes periodistas. (2024). Violentadas en cuarentena. Distintas latitudes. Disponible en: https://violentadasencuarentena.distintaslatitudes.net/violencia-economica/

 

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