Objetivos medioambientales y fiscalidad: una propuesta para el territorio español

Por L. Dary Beltrán, PhD – Departamento de Economía – Universidad Loyola Andalucía –ldbeltran@uloyola.es – @ldbeltranj

 

En las últimas tres décadas, el aumento de la industrialización, la urbanización, la globalización y el crecimiento demográfico han provocado importantes retos medioambientales, lo que ha llevado a repensar la manera de definir políticas para la sostenibilidad ambiental. Este concepto implica la adopción de medidas de producción respetuosas con el medio ambiente, y por ello, también el diseño de las políticas fiscales y económicas enfocadas para lograrlo. En Europa, la sostenibilidad medioambiental se ha convertido en un objetivo político en respuesta a la concienciación sobre el cambio climático. Sin embargo, el debate sobre la definición de los instrumentos de política medioambiental sigue abierto debido a la dificultad de su evaluación y a las consecuencias económicas y sociales asociadas.

En este contexto, la Ley Europea sobre el Cambio Climático entra en vigor el 29 de julio de 2021, estableciendo un objetivo jurídicamente vinculante de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 y una reducción del 55% para 2030 en comparación con 1990. La legislación exige a los Estados miembros de la UE que adopten las medidas nacionales y comunitarias necesarias para alcanzar estos objetivos, no obstante, aunque las emisiones de gases de efecto invernadero siguen disminuyendo, parece que son insuficientes los avances actuales hacia la neutralidad climática.

En línea con la política energética y climática europea, España continúa desarrollando el Marco Estratégico de Energía y Clima, que incluye diversos elementos estratégicos y legislativos que definen las principales líneas de actuación para alcanzar la neutralidad climática. En respuesta a las propuestas de la Comisión Europea, el Gobierno español ha actualizado el PNIEC 2023-2030, fijando una reducción del 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, entre otros muchos objetivos más coherentes con las reducciones de emisiones adoptadas a nivel europeo, sin embargo, la fiscalidad verde sigue siendo una tarea pendiente. Aunque adaptar el sistema fiscal a la economía del siglo XXI y generar una nueva fiscalidad verde parece un objetivo político claro, España se encuentra actualmente entre los países europeos con menor utilización de los impuestos verdes para luchar contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Es por ello, que hemos pensado en medidas fiscales en línea a una mayor participación gubernamental a pesar de la controversia en torno a esta. Se trata de un instrumento económico para incentivar hábitos de producción y consumo más limpios, pero, no solo es esto, también se asocia a la valoración de un doble dividendo, es decir, si la política permite controlar la contaminación y, a su vez, mejora la eficiencia económica a través de la internalización de externalidades negativas. A pesar de ello, no deja de ser controvertida.

Estamos hablando concretamente de un análisis ex-ante para el territorio español, de un impuesto medioambiental que permita la consecución del objetivo de emisiones definido en el PNIEC 2023-2030, complementado con diferentes sistemas de reciclaje de los ingresos fiscales generados. Exactamente, nos referimos a un impuesto medioambiental sobre las emisiones de carbono en torno al 3% anual que permita cumplir con el objetivo de una reducción de emisiones totales de 32% en 2030, reciclándolos ya sea, a través de la reducción de los impuestos sobre el trabajo, manteniendo constantes los ingresos fiscales o estimulando la demanda de consumo público, pero manteniendo el déficit público constante. Como resultado de este análisis hemos encontrado que, el reciclaje de la ecotasa mediante una reducción de las cotizaciones de los empresarios provoca una contracción económica menor y permite reducir las emisiones de carbono, sugiriendo que podría lograrse ese doble dividendo, no obstante, en término de reducciones de emisiones es menos eficaz que el segundo escenario propuesto. Sin embargo, el segundo responde positivamente en términos de empleo, acercándose inclusive a un tercer dividendo.

Los resultados observados ponen de relieve la relevancia del diseño adecuado de políticas fiscales medioambientales, especialmente a la hora de discernir la posibilidad de dividendos positivos adicionales, tal y como llevan años debatiendo académicos y políticos. El modelo que utilizamos, aunque supera la dicotomía tradicional precio-cantidad del análisis input-output, hace suposiciones simplificadoras, por tanto, se aplica la advertencia habitual sobre la cautela en la interpretación. Lo que parece seguro es que un impuesto medioambiental funcionaría sin duda a la hora de reducir las emisiones de carbono en España y en la posible obtención de un doble dividendo, alineado con las conclusiones de diversos estudios a nivel europeo.

 

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