La distribución de la renta: un debate permanente
La distribución de la renta es uno de estos asuntos que, para bien o para mal, son objeto de debate permanente. El análisis de la misma puede realizarse desde distintos puntos de vista, aunque los más habituales son los relativos a los ámbitos geográfico, personal y funcional. En ninguno de estos, sin embargo, existen criterios objetivos que permitan afirmar que una distribución determinada puede considerarse como la correcta o la más adecuada; en consecuencia, y dado que todos los criterios son subjetivos, el análisis de la misma está siempre trufado de juicios de valor, lo que justifica que sea un tema controvertido. La solución práctica que se suele adoptar consiste en tomar como referencia un país que, en líneas generales, es considerado como “modelo a seguir”, y que suele coincidir con alguno de los países nórdicos.
La reciente crisis económica, que en términos de PIB nos ha hecho perder una década, ha acentuado la desigualdad en la distribución de la renta, en cualquiera de las tres versiones arriba mencionadas. Con relación a la distribución territorial, es evidente que la crisis ha provocado un proceso de divergencia en lugar de uno de convergencia; aunque todas las regiones se han visto negativamente afectadas por la misma, son las comunidades autónomas menos desarrolladas las que más han sufrido, en particular en lo relativo al mercado de trabajo.
Otro tanto ha sucedido con la distribución personal de la renta. Tal y como se pone de manifiesto en los análisis tanto de instituciones internacionales como nacionales, de los que la prensa diaria suele dar buena cuenta, uno de los efectos colaterales de la crisis ha sido (y sigue siendo) el fortísimo crecimiento de la desigualdad de rentas entre personas. Aquí la cosa es más lacerante porque lo que ha sucedido es que los más ricos se han beneficiado claramente con la crisis mientras que los más pobres y las clases medias se han empobrecido. Uno comparte la idea de que quienes toman riesgos en materia económica, los empresarios, deben tener una recompensa mayor, mucho mayor, que quienes no los hacen; lo que no está nada claro, tal y como comentaba previamente, es cuánto mayor. En todo caso, cuando sucede que hay individuos que tienen una renta/riqueza mayor incluso que la de algunos países y que, además, la diferencia entre unos y otros se ha acrecentado con la crisis, lo menos que se puede decir es que algo no va bien.
El tercer ámbito objeto de preocupación, muy ligado al anterior, es el relativo a la distribución funcional de la renta, el que da cuenta sobre qué parte de la renta total se dedica a retribuir al capital y qué parte va a parar al factor trabajo. Aquí, la evolución en la mayoría de los países occidentales, España incluida, ha seguido una trayectoria bastante clara. Inicialmente, al principio de la crisis, aumentó la parte correspondiente a la retribución del trabajo y disminuyó la del capital; poco después, en torno a 2010, las tornas cambiaron de forma radical: la parte relativa a las rentas salariales empezó a disminuir de forma continuada y, en contrapartida, la relativa a las del capital (el excedente bruto de explotación) empezó a aumentar, hasta el punto de que, en la actualidad, la renta se reparte prácticamente al 50% entre los dos factores productos.
Reconociendo, una vez más, que no hay ningún criterio objetivo que nos permita afirmar tajantemente que la distribución citada es, o no, la correcta, lo que sí llama la atención es que, pese a que –al menos en términos relativos- son los capitalistas (esto es, los empresarios) los beneficiarios de la crisis, sigan abogando por una fuerte contención salarial como salida de la misma.
La crisis económica se ha saldado –puesto que no ha concluido sería más correcto decir que se está saldando- con una distribución de costes bastante desigual, sobre todo en los ámbitos personal y funcional. En este sentido, abogar por una más justa distribución de los mismos no parece que sea una propuesta de izquierdistas recalcitrantes. Por el contrario, las actitudes recalcitrantes son las de aquellos que, sacando tajada de la situación, quieren incidir más y más en una no sólo injusta sino, también, ineficiente distribución de los costes de la crisis. Las potenciales consecuencias de ahondar en este tipo de conducta son, creo yo, preocupantes. Porque, cuando la distribución es injusta, siempre existe la posibilidad de que se produzcan conflictos sociales más o menos graves. Y porque, cuando es ineficiente, está perjudicando las posibilidades de acelerar el proceso de crecimiento económico o, si se quiere, de ampliar el tamaño de la tarta a repartir; y esto, naturalmente, puede ser el origen de nuevos conflictos.