Infraestructura urbana de recarga (II): propuestas y recomendaciones
Por Raúl Mínguez Fuentes. Cámara de Comercio de España y Universidad Nebrija.
El diagnóstico del análisis de las dotaciones de infraestructura urbana de recarga eléctrica, elaborado por la Comisión de Movilidad de la Cámara de Comercio de España y objeto de discusión en una entrada previa, concluía que el cumplimiento de los compromisos asumidos por España de reducción de emisiones en el horizonte 2030 en el ámbito del transporte terrestre, con una vinculación evidente al impulso del vehículo eléctrico, no será posible si se mantiene la actual trayectoria en la evolución del parque de vehículos eléctricos.
A partir de esta certeza, el ejercicio propone una serie de medidas concretas para el impulso y mejora del despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica, organizadas por bloques y por agente responsable de la misma, según su competencia (Ilustración 1).
Ilustración 1. Clasificación de las medidas propuestas para el impulso y mejora del despliegue de infraestructura urbana de recarga de acceso público
Fuente: Cámara de Comercio de España.
Como punto de partida y condición indispensable, se destaca el necesario establecimiento de una planificación y unos objetivos que organicen y orienten el despliegue de la infraestructura de recarga de acceso público, de modo que acompasen el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.
Entre las barreras para ese despliegue, el marco legislativo y las trabas administrativas actualmente existentes son dos de las grandes limitaciones que encuentran los operadores para instalar y operar los puntos de recarga. Al mismo tiempo, el objetivo de despliegue establecido para los próximos años es una meta fijada desde las instancias públicas. Por tanto, la corrección o eliminación de estas barreras debería constituir un propósito común, hacia el que debería estar orientada la colaboración público-privada.
De este modo, la coordinación entre Administraciones y el establecimiento de una hoja de ruta y la unificación de criterios resulta indispensable para fomentar, facilitar y agilizar la labor de los operadores. La existencia en nuestro país de 17 gobiernos autonómicos (más dos ciudades autónomas), instancias provinciales y 8.131 gobiernos locales, determina que pervivan diferentes legislaciones, reglamentos, requisitos, planes urbanísticos y medioambientales, etc. que dificultan y entorpecen enormemente la actividad empresarial vinculada a los puntos de recarga eléctrica.
Particularmente, las ubicaciones de los puntos de recarga de acceso público frecuentemente se localizan en terrenos/infraestructuras objeto de concesión administrativa (por ejemplo, autopistas, autovías, aparcamientos, etc.) o de dominio público, lo que determina la intervención de múltiples Administraciones y la concurrencia de diferentes permisos (por ejemplo, licencia de obras y/o de actividad de las Entidades Locales), a tramitar por parte de instancias locales, autonómicas o estatales.
Con mayor detalle, la siguiente tabla recoge las medidas de ámbito regulatorio y de simplificación administrativa para el impulso y mejora del despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica propuestas por la Cámara de Comercio de España.
Tabla 1. Medidas propuestas para el impulso y mejora del despliegue de infraestructura urbana de recarga de acceso público (detalle)
Fuente: Cámara de Comercio de España.
En suma, para facilitar el tránsito hacia una mayor utilización del vehículo eléctrico resulta indispensable contar con una red de infraestructura de recarga adecuada que acompañe su desarrollo. Para ello, sería adecuada la combinación de acciones de planificación y coordinación, junto con recomendaciones de carácter regulatorio y de simplificación administrativa, que contribuyan al rápido y eficaz despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica y, en última instancia, al gradual protagonismo del vehículo eléctrico en el camino hacia la transición ecológica.
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