Impacto económico del Sistema de Universidades Públicas Españolas (SUPE). Análisis territorializado para el año 2021

Por Jordi Suriñach, Esther Vayá y Joaquim Murillo. AQR-IREA, Universitat de Barcelona.

 

Este estudio nace del interés del Ministerio de Universidades por conocer el impacto económico que generan las universidades públicas españolas. El objetivo del mismo es cuantificar, para el año 2021, la contribución que el Sistema Universitario Público Español (SUPE)[1] realiza sobre la economía española, concretándola, principalmente, en su impacto sobre la facturación, el Producto Interior Bruto (PIB) y los puestos de trabajo que generan.

 

La revisión de la literatura económica precedente muestra que en los estudios de impacto económico de las universidades españolas se sustentan en enfoques metodológicos más o menos similares, pero no del todo coincidentes y, además no existe un estudio territorializado que aborde el impacto del sistema universitario público español con una metodología única y homogénea, y para un mismo año.

 

Así pues, el objetivo es realizar un único estudio que, con el sustento de una misma metodología y para un único año, estime el impacto económico de las universidades públicas españolas, a corto plazo, para el conjunto del estado, y por comunidades autónomas (CCAA) y provincias. El objetivo se concreta en analizar el impacto económico en términos de:

• Valor añadido bruto (VAB) y su contribución al PIB,
• Producción-facturación,
• Puestos de trabajo, y
• Recaudación fiscal.

 

Con la obtención de estos resultados se pretende que, tanto el mundo académico como el conjunto de la sociedad, dispongan de más información que permita conocer con mayor detalle la relevancia de la actividad universitaria. Por un lado, la existencia de datos concretos que estimen el impacto económico a partir de una metodología idéntica, presentando datos a nivel global, sectorial y territorial (comunidades autónomas y provincias), sin duda puede ser origen de nuevas investigaciones que profundicen los análisis aquí mostrados. Por otro, la cuantificación de los aportes del sistema universitario público español en términos de las principales variables macroeconómicas (especialmente contribución al PIB, y puestos de trabajo) posibilitará que el conjunto de la sociedad tome mayor conciencia de su importancia, en términos económicos, más allá de las aportaciones a la mejora del nivel formativo de la población, y a los resultados de la investigación e innovación que realizan, los cuales son ya más conocidos.

Para la consecución del objetivo mencionado, se han identificado, en primer lugar, los cinco principales agentes generadores de impacto: las propias universidades analizadas (bajo una identidad fiscal propia); otros entes vinculados con ellas, con NIF propio (fundaciones, parques científicos y tecnológicos, asociaciones); la actividad empresarial imputable a las universidades (y compuestas por las empresas con concesiones administrativas de servicios prestados dentro de la universidad, empresas ubicadas en los parques antes mencionados, prácticas empresariales y voluntariado realizadas por el estudiantado); el estudiantado de las universidades; y, por último, los visitantes de las universidades (familiares de personal docente e investigador-PDI y del estudiantado y otros asistentes a seminarios o congresos organizados por las universidades).

 

Este análisis cuantifica la actividad económica directamente generada por las universidades públicas españolas, a partir de los cinco principales agentes generadores de impacto, pero también la actividad económica indirecta e inducida derivada de sus actividades. El análisis se aborda siguiendo el enfoque denominado de “demanda”, básicamente centrado en el impacto a corto plazo generado en un territorio, debido a la actividad de gasto e inversión de bienes y servicios que tiene su origen en la comunidad universitaria.

 

La universidad, en el ejercicio de sus funciones, genera en el entorno donde se encuentra ubicada una serie de efectos de diversa naturaleza (económica, social, cultural y medioambiental) y, en último término, favorece el crecimiento de la región donde se encuentra localizada. Así, en un primer momento, la universidad afecta de manera inmediata al crecimiento de una región en la medida en que contribuye a su PIB, al ser un claro agente generador de gasto. Siguiendo a Suriñach et al (2017, 2021 y 2022), en el enfoque de “demanda”[2] se estiman los beneficios a corto plazo que la actividad universitaria genera en la economía de su territorio (región y/o país) en términos de generación de empleo, producción y renta, fruto del conjunto de gastos e inversiones en bienes y servicios realizados. Este análisis supone la cuantificación monetaria de todos los gastos realizados por la universidad en el ejercicio de su actividad, para el conjunto de la economía y su distribución sectorial.

 

El presente estudio persigue complementar a otros ya existentes en la literatura enfatizando especialmente la dimensión territorial, presentando de esta manera resultados de impacto para las diferentes comunidades autónomas y provincias españolas siguiendo una metodología común. En este sentido, cabe destacar también que, con el ánimo de identificar lo mejor posible el impacto global de las universidades, se han considerado agentes generadores de impacto no considerados en otros estudios similares en la literatura como son las fundaciones, parques científicos (y las empresas en ellos ubicados), empresas adjudicatarias de concesiones administrativas o empresas que acogen estudiantes universitarios en prácticas. Asimismo, el análisis realizado se complementa con un estudio a nivel sectorial.

 

El proceso de cuantificación del impacto del SUPE ha sido complejo, y ha requerido de una recopilación muy elevada de información. Así, para la estimación del impacto directo, se ha requerido de información obtenida directamente de datos primarios (trabajo de campo) solicitados a cada una de las universidades participantes y de búsqueda de información estadística secundaria en bases de datos existentes. Por otra parte, para la estimación de los impactos indirectos e inducidos se ha utilizado la metodología input-output, haciendo uso, para cada región, de sus propias tablas input-output, que han sido tratadas y homogeneizadas previamente tanto a nivel temporal como sectorial para su posterior uso.

 

El informe recoge una gran cantidad de resultados tanto a nivel nacional, como regional y provincial, medidos por diferentes indicadores. Sin ánimo de ser exhaustivos, a continuación, se destacan algunos de los principales resultados obtenidos.

 

En relación al impacto económico a nivel del Estado Español, se han obtenido las siguientes conclusiones:

• El Sistema de Universidades Públicas Españolas (SUPE) ha permitido facturar a la economía española, en el año 2021, por valor de 41.056 M€ (113 M€ de € diarios), generando una contribución al PIB de España de 23.777 M€ (de los que 15.765 M€ fueron rentas salariales) y ha contribuido a crear/mantener 438.926 puesto de trabajo a tiempo completo. Las rentas fiscales generadas fueron 8.917 M€.
• En el año 2021, el 2,2% del PIB español y el 2,4% de toda la población ocupada se explica por la existencia del SUPE.
• Los efectos multiplicadores de la actividad directa del SUPE son relevantes: por cada 100 € de facturación directa, se generaron 140 € de facturación adicional, por cada 100 € de VAB directo se generaron 120 € de VAB adicional, y por cada puesto de trabajo generado directamente, se generó otro adicional de manera indirecta e inducida.
• En términos relativos, por cada estudiante matriculado en el SUPE se facturó en 2021 por valor de 31.007 euros, se contribuyó al PIB con 17.907 euros (11.907 euros de rentas salariales) y se generaron 6.734 euros de rentas fiscales. A su vez, por cada 1.000 estudiantes, se crearon y/o mantuvieron 331 puestos de trabajo (ETC). Asimismo, por cada empleado de las universidades públicas se facturó por valor de 319.532 euros, se contribuyó al PIB con 185.056 euros (122.701 euros de rentas salariales) y se generaron 69.400 euros entre impuestos estatales y autonómicos. Finalmente, por cada 1.000 empleados de las universidades públicas se crearon/mantuvieron 3.416 puestos de trabajo (ETC).
• Por último, destaca el rendimiento social asociado a la financiación pública aportada. Se estima que por cada 100 euros recibidos por las universidades de financiación pública (por medio de transferencias corrientes y de capital estatales y autonómicas), se obtuvo en 2021 un retorno de 505 euros de facturación, 293 euros de contribución al PIB, 115 euros de rentas salariales y 110 euros de rentas fiscales. Asimismo, por cada 100.000 euros recibidos se contribuyó a crear y/o mantener 5,4 puestos de trabajo.

 

Con respecto al impacto regional del SUPE, se ha concluido lo siguiente:

• El impacto económico total generado se concentra (aproximadamente el 61% del total) en las CCAA de Cataluña (en torno al 22%), Madrid (21%) y Andalucía (18%). En un segundo nivel se sitúan la Comunitat Valenciana (10%), Galicia (4,7%), Castilla y León (4,3%)y el País Vasco (en torno al 4%). En situación opuesta se encuentran las regiones de Cantabria y La Rioja (menos del 1% del impacto total generado en España). Dichos porcentajes son bastante coincidentes con el porcentaje de estudiantado de las mismas.
• Si se analizan los datos de impacto respecto a su contribución al PIB y la población ocupada de su comunidad autónoma, destacan, de nuevo, Andalucía (2,7% y 2,8%, respectivamente), Cataluña (2,7% y 2,8%) y Madrid (2,2% y 2,8%). También destacan la Comunitat Valenciana (2,3% y 2,5%), y las Islas Canarias (2,5% y 2,4%). Recuérdese que el conjunto del SUPE aporta el 2,2% del PIB y el 2,4% de los ocupados. El resto de CCAA tienen una aportación inferior a la media estatal (entre el 1,3% – 2,0% en PIB y 1,4% – 2,3% en población ocupada).
• Si se analizan los datos de impacto respecto al número de personas matriculadas y/o a la población ocupada en sus universidades, Cataluña presenta las ratios más elevadas por estudiante (48.155 euros de facturación, 28.164 euros de PIB, mientras que por cada 1.000 estudiantes se crearon/mantuvieron 452 puestos de trabajo ETC en la región) y por ocupado PAS y PDI de las universidades catalanas (facturación de 497.134 euros y por cada 1.000 ocupados se crearon/mantuvieron 4.670 puestos de trabajo ETC). Le siguen la Comunidad de Madrid, Canarias, Comunidad Foral de Navarra, el País Vasco y La Rioja. Por tanto, regiones como el País Vasco, parcialmente La Rioja, y, especialmente, Navarra, con escaso peso en términos absolutos, destacan por elevados impactos en términos relativos. En cambio, Andalucía, con un elevado impacto en términos absolutos, no lo tiene en la misma medida en términos relativos. Las CCAA con menor aportación relativa (por estudiante y/o ocupado universitario) son Asturias, Aragón, Extremadura, Illes Balears, Cantabria y Murcia.
• En términos de rentas fiscales generadas que permanecen en la región, Cataluña es la que presenta mayor ratio por estudiante (5.309 euros) y por ocupado (54.807 euros) de las universidades allí localizadas, seguidas a bastante distancia por Canarias (4.104 euros por estudiante y 45.100 euros por ocupado), País Vasco (3.762 euros por estudiante y 33.774 euros por ocupado), Navarra (3.582 euros por estudiante y 36.613 euros por ocupado) y La Rioja (3.696 euros por estudiante y 29.981 euros por ocupado). Las cifras más bajas son las correspondientes a Asturias (2.349 euros por estudiante y 20.378 euros por ocupado), Extremadura (2.246 euros por estudiante y 21.213 euros por ocupado) y Murcia (2.260 euros por estudiante y 24.087 euros por ocupado).
• Por último, si se relativizan los resultados respecto a la financiación pública recibida (vía transferencias corrientes y de capital), los mayores retornos se producen en las regiones de Cataluña y Madrid, seguidas por las Islas Canarias, la Comunidad Foral de Navarra y Andalucía. En Cataluña (Madrid), por cada 100 euros recibidos de transferencias públicas se habría facturado en 2021 por valor de 812 (652) euros, se habría contribuido al PIB con 475 (349) euros y se habrían generado 179 (130) euros de rentas fiscales en concepto de IRPF, IVA e ISociedades. Asimismo, por cada 100.000 euros de transferencias recibidas se habrían creado y/o mantenido 7,6 (6,8) puestos de trabajo ETC. En la situación contraria se encontrarían las regiones como el Principado de Asturias (y Cantabria o Murcia), con 276 (312 o 336, respectivamente) euros de facturación, 184 (196 o 206) euros de VAB, 69 (73 o 77) euros de rentas fiscales y 3,4 (3,9 o 3,8) puestos de trabajo.

 

Los resultados que aquí se proporcionan son sólo una parte de los obtenidos. Para un mayor detalle de los mismos o acceder al impacto provincial del SUPE, se puede consultar el estudio completo en:

https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2023/06/Report_DEF_120623-1.pdf

 

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Bibliografía.

Suriñach, J., Murillo, J. y Vayá, E. (2017). Impactes econòmics generats pel SiCUP i pel Sistema Públic d’R+D+i sobre l’economia catalana. Laboratori d’Economia Aplicada AQR-Lab de la Universitat de Barcelona y ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques). Mimeo. En “Impactes socioeconòmics de les universitats públiques i el sistema públic de recerca de Catalunya”, ACUP. ISBN: 978-84-697-5824-3

Suriñach, J.; García, J.R.; Murillo, J.; Romaní, J.; Vayá, E. (2021). Impacte econòmic i retorn social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Laboratori AQR-Lab de la Universitat de Barcelona. DL B-20508-2021.

Suriñach, J.R.; Vayá, E; y Murillo, J. (2022). Estudio impacto cuantitativo de la actividad universitaria de la Universidad de La Rioja. Laboratori AQR-Lab de la Universitat de Barcelona. Mimeo.

[1] El SUPE está constituido por cincuenta Universidades, de las cuáles cuarenta y siete son presenciales, una es a distancia (UNED) y dos se denominan especiales (UIMP y UNIA). Por las características de las mismas (y básicamente por la dificultad de disponibilidad de la información estadística necesaria), no se ha considerado en el estudio de impacto a estas dos últimas.

[2] Este enfoque, de “demanda”, es el más habitualmente utilizado en la literatura para aproximar el impacto económico de una universidad, pero también de cualquier otra entidad jurídica.