El nuevo Marco Presupuestario Plurianual 2021-27 para la Unión Europea
Por M. Carmen Lima Díaz, Universidad Pablo de Olavide
La Comisión Europea, ejerciendo su principio de iniciativa, presentó la pasada primavera una propuesta de presupuesto a largo plazo para la Unión Europea. Se trata del bien conocido Marco Presupuestario Plurianual (MPP) para el período 2021-27. La intención ha sido clara: agilizar los trámites en la medida de lo posible para no incurrir en los retrasos evidenciados en el marco actualmente en vigor, el 2014-20, cuyas dilaciones e ineficiencias han supuesto un menoscabo de las intervenciones comunitarias y de las expectativas de generación de crecimiento. Rectificar es de sabios, y el proyecto europeo no puede permitirse incertidumbres.
Según declaraciones del ejecutivo comunitario, con Jean-Claude Juncker a la cabeza, el escenario óptimo era cerrar negociaciones antes de las elecciones al Parlamento Europeo de esta primavera, que en el caso español se celebrarán el domingo 26 del próximo mes de mayo coincidiendo con otros comicios. El tiempo apremia, y el borrador propuesto recoge un auténtico “policy-mix” que combina una nueva apuesta por consolidar la acción conjunta allí donde los Estados puedan beneficiarse de la mejora de eficacia en cuestiones de incontestable relevancia a futuro (investigación e innovación, migración, control de fronteras, defensa, juventud o economía digital) con el continuismo de políticas tradicionales de peso irrefutable (cohesión regional o sector agrario) pero a las que, para poder hacer hueco a las primeras, se les exigiría mayores réditos en eficiencia y un recorte para cada una del 5% respecto al anterior marco.
El gigante europeo se dotaría de una partida de 1 135 000 millones de euros en créditos de compromiso (a precios de 2018) para el nuevo marco plurianual, lo que en cifras relativas algo más digeribles, significa un 1,11 % de la renta nacional bruta (RNB) de la UE-27 según la propuesta de la Comisión, cuantía que por primera vez incluye el Fondo Europeo de Desarrollo, para con los países de África, el Caribe y el Pacífico y que a nivel agregado, se sitúa en un nivel comparable al del actual período 2014-2020.
El objetivo final sería remozar un presupuesto que luciría más moderno al reducir burocracia de cara a los ciudadanos y administraciones, más simple evitando la excesiva compartimentación de iniciativas y programas, más flexible para adaptarse a los temidos imprevistos de los que hemos aprendido tanto en la última década; pero no por ello menos austero, con un férreo control del rendimiento de cada euro de intervención. Además, prevé nuevas asignaciones reservadas a los Estados como los Programas de Apoyo a Reformas (25.000 millones de euros), o la Función Europea de Estabilización de Inversiones (30.000 millones de euros), herramientas de apoyo a los países para luchar frente a posibles perturbaciones asimétricas. Como contraprestación, los mismos podrían perder fondos si amenazan el Estado de Derecho, fijándose una especie de salvaguarda a la democracia.
Pero, pongamos los pies sobre la tierra. Con las tempestades generadas por Reino Unido, su situación aún inconclusa, y lo que algunos tildan de crisis institucional sin precedentes, ¿cómo hacer factible todo lo anterior sin que quede relegado a una mera declaración de buenas intenciones? En estas líneas se han repasado las iniciativas de gasto, pero, ¿qué hay de la, tantas veces aparcada, reforma de las partidas de ingresos del presupuesto comunitario? ¿Cuándo se van a abordar las correcciones al presupuesto que inició la administración Thatcher y cuyos argumentos son cada vez más exiguos? Con los recursos propios tradicionales venidos a menos y las limitaciones del recurso IVA, es sustancial definir una batería de ingresos en sintonía con los nuevos tiempos. Un modelo de fiscalidad corporativa para sociedades, otro en base al volumen de residuos plásticos u otro sustentado en los derechos de emisión, están sobre la mesa. De ellos cabría esperar que nutrieran a las enjutas arcas comunitarias con al menos 20.000 millones de euros adicionales.
Ahora le toca al Consejo de Ministros mover ficha por unanimidad, y aunque se ha alabado notablemente la labor realizada por la saliente presidencia austríaca, no parece que las prisas formen parte de su hoja de ruta. El Parlamento Europeo debe pronunciarse sobre lo que el Consejo de Ministros decida, y ya ha comenzado a manifestarse considerando el de la Comisión, un buen punto de partida, pero fijando prioridades mucho más ambiciosas. No cabe duda de que en los próximos meses las tensiones y líneas rojas marcarán la actualidad económica europea.
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