Desequilibrios territoriales: viejas y nuevas aproximaciones

Por Josep-Maria Arauzo-Carod – Departament d’Economia (ECO-SOS) – Universitat Rovira i Virgili – @IND_LOC

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la distribución espacial de la renta a nivel municipal muestran una situación enormemente polarizada en España. En concreto, una simple visión panorámica de dichos datos permite apreciar, a grandes rasgos, la existencia de una línea casi horizontal que divide la península ibérica en dos mitades: la norte con un nivel de renta media por persona normalmente superior a 11.000 euros, y la sur donde éstos tienden a estar por debajo de 10.000 euros.

 

Renta media por persona (2020)

Fuente: INE.

 

Es evidente que dichos desequilibrios ejercen unas consecuencias negativas sobre el conjunto de territorios del estado español, tanto para aquellos con un bajo nivel de renta (por razones obvias), como para aquellos con un nivel de renta medio o alto, a causa de la desviación de recursos públicos con destino a las zonas menos desarrolladas y de la mayor presión sobre los mercados de trabajo y vivienda.

Una aproximación tradicional a dichos desequilibrios seguramente aconsejaría una fuerte intervención pública en las zonas más desfavorecidas, ya fuera ésta en forma de inversiones en infraestructuras, formación de la mano de obra o estímulos al desarrollo endógeno, pero estas medidas no siempre son acertadas o suficientes. Una aproximación más actual (y liberal) seguramente incidiría en una mayor liberalización de los mercados a efectos de incrementar el atractivo de las zonas de menor renta y estimular así el traslado de una parte de la actividad actualmente llevada a cabo en las zonas ricas. Sin embargo, las dos estrategias adolecen de diversos inconvenientes y por ellas solas difícilmente podrían solucionar los desequilibrios en la generación de renta.

Una visión pesimista nos llevaría a pensar que se trata de un fenómeno estructural, dada la persistencia temporal en los diferenciales de renta. En este sentido, existen diversos factores que explican el gran gap existente entre el norte y el sur de la península (históricos, geográficos, de composición del industrial mix, de dotación de capital humano e institucionales, entre otros), los cuales son enormemente persistentes, multidimensionales y, en cualquier caso, prácticamente imposibles de resolver por parte de una sola administración o institución pública.

Al margen de los determinantes de los desequilibrios, si nos fijamos en las políticas públicas que, de una forma u otra, han podido contribuir a la disminución de éstos, destaca la estrategia del gobierno central en términos de sus decisiones de gasto e inversión territorializadas, las cuales han generado importantes déficits fiscales en las comunidades más ricas (Catalunya, Balears o Madrid, a pesar de que ésta última en función de la metodología de cálculo utilizada, es decir, el flujo monetario o la incidencia carga-beneficio) y, de forma simétrica, superávits también relevantes en las comunidades más pobres. Sin embargo, después de décadas de, por ejemplo, superávits de inversión en infraestructuras en unas y déficits en otras, la realidad es que las desigualdades en términos de renta per cápita se mantienen. De hecho, el resultado de dichas políticas es una congestión importante en, por ejemplo, las infraestructuras de transporte en unas zonas (en este sentido el caso de Catalunya es muy claro por lo que se refiere a las autopistas o a los servicios ferroviarios de cercanías), al mismo tiempo que infraestructuras similares en zonas de menor renta no están sometidas a los mismos niveles de presión por parte de la demanda. De forma similar, el mayor peso de los servicios públicos en las zonas de menor renta ha contribuido de forma importante al crecimiento de estos territorios. Si nos fijamos en otros aspectos como el de la especialización productiva, por ejemplo, a pesar del papel orientador y estimulador que puedan ejercer los organismos públicos, lo cierto es que son las propias empresas las que deciden la tipología de actividades y la localización en la que quieren llevarlas a cabo, por lo que el margen de actuación es escaso. En términos del capital humano, en los últimos años se ha producido también un incremento muy importante del stock en el conjunto del estado, pero persisten las diferencias regionales, las cuales no son otra cosa que el reflejo de una diferente estructura productiva y, por tanto, de una diferente necesidad del factor trabajo cualificado.

En síntesis, una vez considerados todos los factores anteriores, podríamos concluir que las desigualdades no cabría atribuirlas únicamente a aspectos tangibles de disponibilidad o accesibilidad a factores de producción, sino también a aspectos intangibles vinculados a preferencias sociales. ¿Significa esto que en virtud de la existencia de dichas asimetrías los diferenciales de renta van a perpetuarse al margen de cuál sea la actuación de la administración? No necesariamente, pero todo indica que existen múltiples rigideces de difícil solución y que una convergencia en rentas exige no solo políticas públicas sino también actuaciones por parte de los agentes privados implicados, y éstas no tienen por qué tomar la dirección más adecuada. Finalmente, sería necesario, por un lado, analizar y cuantificar hasta qué punto los recursos públicos se han mostrado ineficaces para resolver los desequilibrios a los que hacíamos referencia (un extremo que parece obvio a todas luces) y, por otro lado, replantearse el tradicional dilema entre eficiencia y equidad a efectos que los criterios de eficiencia ganen peso si como, hasta ahora, los criterios de equidad se han mostrado poco operativos.

 

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