La organización de los servicios de atención social en el medio rural: ¿centralizar o descentralizar?
Por Melchor Fernández, GAME-IDEGA, USC
La provisión de servicios públicos de calidad es uno de los principales retos de cualquier administración pública independientemente de la escala territorial que consideremos. Sin duda, la tipología y magnitud de las dificultades para ofertar estos servicios difieren significativamente según el espacio considerado en función tanto de características del territorio (relieve, clima, hidrología…), del tipo de asentamiento de la población (baja densidad y dispersión) y de las propias características de sus habitantes (edad, nivel de renta, nivel educativo…). Las diferencias entre espacios dentro de una misma unidad administrativa territorial (país, región, provincia o municipio) son evidentes en todo el contexto europeo y pueden provocar desigualdades territoriales en el acceso a los servicios públicos, al empleo y a las ventajas de la vida en sociedad que deben ser minimizadas. La justicia social requiere equidad territorial, y por lo tanto una organización territorial y de los servicios que no agrave las desigualdades.
Asegurar la igualdad de acceso a los servicios públicos de todos los habitantes, incluidos los que residen en el denominado medio rural, requiere un importante esfuerzo de caracterización y cuantificación. Sin duda el actual medio rural es difícil de delimitar. Pero, independientemente de los criterios demográficos utilizados, lo que podemos tener seguro es su extrema complejidad y diversidad que impide llegar a un diagnóstico común y aplicable a todos los espacios rurales.
En las últimas décadas, buscando la eficiencia y la mejora de la calidad, la respuesta organizativa de los servicios sociales que ofrecen apoyo personal, acompañamiento y orientación a las personas con dificultades ha sido la concentración y centralización de los mismos en determinados núcleos intermedios de población, siguiendo un modelo de prestación de servicios netamente urbano. Propuestas como la centralización de servicios básicos en un número limitado de núcleos intermedios rurales como la reflejada en las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia, o las propuestas de fusión de ayuntamientos o de mancomunar servicios que se han desarrollado por todo el territorio nacional son ejemplos de este proceso.
La centralización y homogenización de las políticas de atención social justificadas por la eficiencia y calidad de la prestación pueden dar lugar a la “exclusión territorial” de una parte importante de la población rural. Ante esta situación, ¿cuál debe ser la respuesta? El diseño de propuestas de atención personalizadas tanto territorialmente como para cada servicio debe ser el punto de partida de posibles alternativas. La heterogeneidad del medio rural y de los servicios a considerar nos advierte ante el empleo de soluciones generales homogéneas. Descentralizar la política de atención social significa que cada territorio tiene margen suficiente para configurarla en función de sus preferencias y sus características particulares. Si la población y el territorio son heterogéneas, ¿porque empeñarnos en ofrecer soluciones homogéneas? Y ahora nos toca hablar de los costes del modelo, por lo que seguramente volveremos a hablar de soluciones homogéneas, tamaños mínimos eficientes, economías de escala y aglomeración…
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