Más del 25% de la población vivía en riesgo de pobreza o exclusión social en la España pre-COVID. Dicha cifra se eleva a más del 30% si nos centramos en pobreza infantil y jóvenes menores de 30 años

Por Ainhoa Vega y Lucía Gorjón – Fundación ISEAK

España, antes de la llegada de la pandemia, era uno de los países con mayores niveles de pobreza de la Unión Europea. En concreto, una de cada cuatro personas vivía en riesgo de pobreza o exclusión y una de cada tres si atendemos a los menores de edad. Sin duda, este es uno de los mayores problemas que afronta nuestra sociedad.

Para diseñar políticas efectivas en la reducción de la pobreza es importante identificar los focos principales de la misma. El análisis de datos y la realización de diagnósticos precisos es el primer paso en esta dirección. Con este objetivo, la Fundación ISEAK crea un Observatorio de Pobreza y Desigualdad en España basado en la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. En este observatorio se muestra la evolución de varios indicadores de pobreza y desigualdad por colectivos y Comunidades Autónomas con los últimos datos disponibles.

La pobreza es un fenómeno que se concentra en determinados colectivos. En particular, en España en 2019 son las personas en situación de desempleo (56%), con nivel educativo básico (31%), inmigrantes (43%) o aquéllas que residen en hogares monoparentales (44%) quienes mayores tasas de pobreza presentan (indicadas entre paréntesis). Por el contrario, los colectivos que mejor han capeado la recesión económica son las personas jubiladas y las parejas sin hijos, con tasas de riesgo de pobreza alrededor del 13 y 14%, respectivamente.

Sin embargo, esta situación no siempre ha sido así. Desde 2008, la evolución de los indicadores de pobreza a nivel nacional ha seguido de una tendencia creciente hasta 2014 aproximadamente, momento en el cual comienzan a descender si hablamos de la población en general. No obstante, la recuperación económica no llega a todos por igual y esta tendencia se mantiene al alza en especial si nos centramos en los colectivos más vulnerables ya mencionados anteriormente.

También es importante destacar las diferencias regionales en los niveles de pobreza en nuestro país, donde existe una clara división norte-sur en el alcance de la pobreza, con unas diferencias de más de 10 puntos porcentuales en la incidencia del riesgo de pobreza. Algunas CCAA como Asturias, Galicia, Cantabria y Aragón presentan una tasa de pobreza cercanas al 20%; otras como Castilla y León, Madrid y Cataluña, de menos del 15%; las regiones con menores niveles de pobreza de España son La Rioja (12%), País Vasco (10%) y Navarra (8%). En el lado contrario se encuentran Extremadura y Andalucía, donde una de cada tres personas vive en riesgo de pobreza, seguidas de Canarias y Murcia con una tasa del 28%.

Otra dimensión de la pobreza que es importante analizar es la intensidad, es decir, no sólo conviene conocer cuántas personas viven en situación de pobreza sino también cuantificar cómo de pobres son estas personas pobres. En este sentido, llaman la atención Comunidades como País Vasco, Navarra y La Rioja donde, si bien el alcance de la pobreza no es muy alto, su intensidad sí lo es. En dichas comunidades, las personas pobres están, de media, a un 40% del umbral de pobreza. Esto quiere decir que necesitarían un 40% más de sus ingresos actuales para poder salir de esa situación. Por el contrario, las personas pobres de regiones como Extremadura y Murcia, con una incidencia muy alta de la pobreza, se sitúan a un 29% de dicha línea.

Para afinar aún más en el diseño de las políticas contra la pobreza, conviene atender a las dos dimensiones presentadas anteriormente, colectivos y regiones, de manera conjunta. Como se observa en el Observatorio de Pobreza y Desigualdad en España de la Fundación ISEAK, en 2019 existen altos niveles de extrema pobreza infantil especialmente en Asturias (22%), Andalucía (18%) y Castilla – La Mancha (16%). Además, Asturias es una de las regiones con mayor intensidad de extrema pobreza infantil, por encima del 50%. Esto implica que, además de que haber muchos niños extremadamente pobres en Asturias, están muy lejos de salir de la pobreza. En este mismo sentido, La Rioja tiene niveles de incidencia de extrema pobreza infantil por debajo de la media (8,7%) pero su intensidad es de las más altas, por encima del 60%.

También cabe destacar que la incidencia de la extrema pobreza para el colectivo de personas mayores de 65 años se sitúa en 2019 por debajo del 6% en todas las comunidades salvo Galicia y Canarias. Además, en la zona noreste está en niveles inferiores al 2%.

Tanto en el caso de las personas con estudio básicos como no ocupadas se observa una clara división entre el norte y el sur de la península en términos de la incidencia de la pobreza, pero no así de la intensidad.

En cuanto a recomendaciones políticas se refiere, hay que tener en cuenta que la pobreza no es el único fenómeno preocupante en España. Los niveles de desigualdad también se dispararon con la recesión económica, pero con la recuperación éstos siguen lejos de los niveles previos a la crisis.

En cuanto a la disparidad regional de la desigualdad y su evolución, el índice de Gini era más alto en la zona sur de España en los años previos a 2019 (especialmente Andalucía). Sin embargo, en 2019 las comunidades más desiguales son Madrid (34,6) y Asturias (33,9). Además, estas regiones repiten también como las comunidades más desiguales en 2019 en términos de la ratio 90/10 y 50/10. En el extremo opuesto de las comunidades menos desiguales nos encontramos a Navarra, Castilla y León y, en el caso de las ratios, también las Islas Baleares.

Cabe finalizar este análisis poniendo en valor el potencial que tiene para la toma de decisiones la explotación y uso de las bases de datos. En este caso, se hace uso de una encuesta representativa de todos los hogares españoles. Sin embargo, gracias al uso de aplicativos informáticos en la administración pública, periódicamente se registra muchísima información sobre los ingresos que los hogares perciben, por ejemplo, mediante las bases de cotización a la seguridad social, las prestaciones por desempleo o las declaraciones de la renta de las familias. Esta información es sin duda de gran valor, no sólo para realizar una gestión eficiente sino también para realizar buenos diagnósticos y análisis que permitan hacer un uso eficaz de los recursos públicos en la resolución de los problemas sociales. En la era del Big Data las instituciones públicas, las universidades y los centros de investigación cuentan con personal suficientemente preparado para dar este salto imprescindible en una sociedad moderna.

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