Inversión en agua urbana y política territorial
Por Manuel J. Marchena Gómez. Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla y Presidente de la Asociación española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA).
El agua de suministro urbano es una competencia estrictamente pública de carácter municipal, que luego se gestiona través de empresas o servicios públicos, empresas mixtas o empresas privadas. (En España, un feliz equilibrio mitad y mitad entre lo público y lo privado) El ámbito de decisión de la tarifa es siempre el pleno municipal; y son las elecciones municipales dónde se materializan las decisiones de cómo orientar dicha gestión. Hemos sufrido un período dónde se ha producido un exceso de ideología, con la denominada y contradictoria “remunicipalización” (nadie discute la titularidad pública y municipal del agua urbana), que tendrá sus efectos políticos colaterales en las elecciones de mayo 2019. Pero que es necesario reorientar hacia debates del mundo real.
El fundamental de ellos y en los que todo el mundo está de acuerdo es el de la inversión en infraestructuras, particularmente de depuración, para frenar cuánto antes el volumen de sanciones comunitarias, por la insuficiente depuración de las aguas residuales, a razón de 11 millones de euros al semestre. Posición que no habla de un país moderno y que apuesta por la economía circular. Además todas las ciudades españolas necesitan renovar las conducciones y las fugas que la antigüedad de las mismas provocan, en un contexto de contención tarifaria irracional y además de incumplimiento de la directiva europea sobre reposición de costes en la gestión urbana. De todas estas cuestiones debería ocuparse un Regulador independiente (mejor un regulador por Comunidad Autónoma), del que siempre se habla pero que nunca llega a materializarse políticamente en el mundo real.
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