Furtivismo marisquero, una amenaza socioeconómica de varias caras

Por Hugo M. Ballesteros (victorhugo.martinez@usc.es) y Gonzalo Rodríguez-Rodríguez (gonzalo.rodriguez@usc.es) – Grupo ECOPESCA y Departamento de Economía Aplicada – Universidade de Santiago de Compostela

 

La actividad económica ilegal constituye una “dimensión” paralela, a veces imperceptible para la sociedad, pero que, sin embargo, puede llegar a alcanzar un volumen, complejidad y enraizamiento equivalentes a los de la economía regular. Una muestra ilustrativa la encontramos en las costas gallegas, uno de los muchos lugares donde los furtivos de marisco ocupan las playas sobreexplotando los bancos marisqueros a diario. Actúan sin respetar tallas mínimas, cotas, vedas o controles sanitarios. En estos arenales se pueden encontrar toda clase de extractores ilegales: amas de casa, desempleados, bañistas, drogadictos, pescadores recreativos, bandas de furtivos organizados, mariscadores legales y aún otros. Algunos actúan con ánimo de lucro, otros por autoconsumo, e, incluso, hay individuos necesitados que se valen del furtivismo como único medio de subsistencia. Pero, ante todo los furtivos en Galicia son muchos, demasiados.

No se entendería la importancia del problema sin explicar el peso socio-económico del marisqueo en Galicia. Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), esta actividad ocupó en 2018 a 3.792 mariscadoras a pie y a los tripulantes de las 2.543 embarcaciones habilitadas para la explotación de marisco que produjeron algo más de 8.000 t. de berberechos, almejas, percebes, etc., cuyo valor en primera venta alcanzó los 85,1 millones de euros. Esta producción se entrelaza con un entramado de actividades económicas relacionadas que incluyen desde proveedores y empresas auxiliares del marisqueo (por cada euro generado por el marisqueo se necesitan 0,35 euros de inputs de otras 41 ramas de la economía, en su mayoría, locales), hasta distribuidores, mayoristas, conserveras o restauración, constituyendo un soporte fundamental de numerosas áreas costeras. Todo este sistema económico ve limitado su potencial y competitividad a consecuencia del furtivismo.

Las amenazas derivadas de la extracción ilegal de marisco incluyen la comercialización de marisco no apto para el consumo, con riesgos para la salud de los consumidores y también para la confianza en la producción local, cuya demanda podría verse eventualmente debilitada. Así mismo, la existencia de canales de comercialización en “negro” facilita también la incorporación de producción ilegal procedente de mercados internacionales que, cuando es re-parqueada en los arenales gallegos facilita la entrada de enfermedades en la producción local. Conlleva también un coste adicional para los productores regulares. El marisqueo de especies como la almeja o el berberecho es hoy en día un cultivo extensivo que requiere de la siembra. Los biólogos de las cofradías gallegas nos han comentado en alguna ocasión que cada vez que calculan la cantidad necesaria para la siembra, cuentan con un 50% adicional para el furtivismo. Finalmente, el menor precio de la producción ilegal y el aumento de la oferta que produce, provoca una caída en los ingresos de los productores regulares y dificulta la creación de mercados eficientes.

La existencia de un abanico tan grande de extractores ilegales ilustra la complejidad del problema y, avanza, la necesidad de políticas que huyan del trazo grueso. Sin duda la existencia de un marco regulatorio adecuado, que delimite claramente derechos de propiedad y establezca un sistema de vigilancia y sanciones apropiado, es imprescindible para resolver el problema, pero no es suficiente. Basarse en un sistema que pretenda monitorear toda la costa es caro y, seamos sinceros, inútil.

Uno de los dilemas que plantea el furtivismo, y que no es ajeno a otras actividades ilegales que no son percibidas como delitos “genuinos”, es su aceptación social. A lo largo de nuestra investigación hemos podido constatar que la aceptación del furtivismo depende de que los ilegales sean reconocidos como miembros de las comunidades y que además actúen por necesidad o por autoconsumo. Esa premisa se materializa en contextos donde el desempleo, la crisis o la falta de oportunidades atizan a parte de la sociedad. En esa situación la aceptación del furtivismo actúa como un mecanismo de compensación articulado por las mariscadoras y mariscadores, que permiten ayudar a los miembros desfavorecidos de sus comunidades. La idea funciona. Auxiliar al individuo en apuros en comunidades donde todas las relaciones interpersonales importan, sirve para mejorar la vida colectiva. Sin embargo, aunque loable, esta actitud es contraproducente. Sobre este tipo de prácticas, Elinor Ostrom señalaba que ciertas acciones de apropiación de recursos ocurrirán con menos frecuencia entre un grupo de personas para quienes están totalmente prohibidas (incluso cuando las ganancias netas potenciales son grandes) que entre las comunidades que no las censuran. Cuando las normas son generalmente respetadas, la confianza de cada participante respecto al cumplimiento de las normas por parte de los otros aumentará. Al mismo tiempo, reducir la cobertura que la comunidad da a los furtivos permitirá focalizar los recursos de vigilancia en aquellos incumplidores más pertinaces y dañinos. Evitar la legitimidad de los furtivos “aceptables», por lo tanto, se convierte en una estrategia clave para reducir la amenaza que representa el furtivismo y mejorar la gobernanza pesquera.

Como es obvio, luchar contra la exclusión, el desempleo u otras patologías sociales, excede las capacidades de comunidades específicas, sean de mariscadoras o de otro tipo. Responder exclusivamente mediante un incremento de la represión puede provocar la creación de círculos viciosos de marginación y criminalización, por lo que una combinación de políticas que incluyan, además de los mecanismos de sanción, otros orientados a la reducción de las desigualdades y las patologías sociales asociadas, así como la involucración de las comunidades, resultará una fórmula más pragmática, eficaz y favorecedora del desarrollo económico, social y ambiental.

Debemos señalar, por último, que la existencia de áreas oscuras o incluso grises, crea un caldo de cultivo para el incumplimiento de las normas cuyo efecto no queda circunscrito al ámbito sectorial, sino que contribuye a corromper el conjunto del marco institucional, minando la confianza de los ciudadanos y dificultando la gobernabilidad de los asuntos públicos. Aprender sobre estas lógicas y minar sus sustentos, constituye una tarea, en nuestra opinión, urgente e imprescindible.

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