EL INCUMPLIMIENTO FISCAL DE LAS REGIONES
Por José Villaverde Castro – Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico. Universidad de Cantabria
Desde que, como consecuencia del triunfo de las tesis neoliberales en algunos de los países más influyentes de la UE (léase Alemania y acólitos), nos entrara la fiebre de la “consolidación fiscal”, todas las administraciones públicas de nuestro país se han visto abocadas, en mayor o menor medida, a alcanzar los objetivos de déficit impuestos por las instituciones comunitarias. De esta manera, lo que al principio de la crisis no parecía ser un problema, con el paso de la misma se convirtió en “el problema”.
Las causas del crecimiento de la deuda en los tres niveles de la administración (central, regional y local) y en la Seguridad Social han sido ampliamente estudiadas. De acuerdo con un trabajo de Delgado, García, Gordo y Martí, de la Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España, más de la mitad de ese incremento se explica por las medidas anticíclicas (tomadas al principio de la crisis), el juego de los estabilizadores automáticos, y las deficiencias de nuestro sistema fiscal. El resto se ha debido, principalmente, al incremento de la carga de la deuda (amortiguado considerablemente en los últimos tiempos), la reestructuración bancaria, y la caída del PIB nominal.
Pese a que el protagonismo del aumento del déficit y la deuda le corresponde a la Administración Central, las comunidades autónomas también han desempeñado un papel relevante ya que, como se pone de manifiesto en un trabajo reciente del profesor Lago Peñas, “sus pasivos financieros pasaban de situarse alrededor del 5% del PIB en 2007 a acercarse hoy al 25%, como consecuencia de déficits muy sustanciales que, en media, han llegado a superar el 3% del PIB y a convertirse en motivo de preocupación interna y externa”.
Enfrentados con esta situación y, repetimos, la necesidad de corregirla, la “consolidación fiscal” está provocando más de un dolor de cabeza entre nuestros gobernantes. Y lo está provocando porque el grado de cumplimiento fiscal –o diferencia entre la situación fiscal observada y el objetivo fiscal establecido- no deja de ser, según los criterios impuestos y que no comparto, insuficiente.
A nivel global, el incumplimiento fiscal alcanzó su máximo en 2011, con una cifra equivalente al 2,5% del PIB. A partir de ahí empezó a disminuir, estabilizándose en los últimos años en torno a algo más del 1%. Desde la perspectiva de las comunidades autónomas, sin embargo, la situación es enormemente variada. Hay ocho autonomías (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid y La Rioja) que son las más cumplidoras, con desviaciones próximas al 0%. En el extremo opuesto se sitúan las comunidades mediterráneas de Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, con niveles de incumplimiento fiscal que llegaron a rondar el 4% del PIB (en 2011) y que, en promedio, están en torno al 2%. El resto de las comunidades se sitúa en una posición intermedia, aunque con diferencias notables entre ellas, sobre todo en lo que atañe a su evolución temporal.
Dejando de lado la mayor o menor voluntad de los gobiernos de turno por alcanzar los objetivos previstos, parece evidente que una buena parte del grado de incumplimiento fiscal está relacionada con el modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, así como con la magnitud del ajuste presupuestario exigido. En relación con este último, ya he manifestado en múltiples ocasiones que me parece excesivo y, como se ha demostrado, contraproducente. Relajarlo (algo que se ha ido haciendo poco a poco y por mor de las circunstancias) ayudaría a una más pronta y solidaria salida de la crisis y también, naturalmente, a que el grado de incumplimiento fiscal fuera mucho menor (con el consiguiente mensaje positivo a los mercados).
En cuanto al modelo de financiación autonómica, parece que, al menos entre los expertos, existe consenso en la necesidad de su reforma con el fin de dotar a las regiones de más autonomía y suficiencia financiera; sólo cuando esto se produzca (lo que, políticamente, puede llevar bastante tiempo) se estará en condiciones, creo yo, de ser más exigentes en el cumplimiento de la restricción presupuestaria.
En definitiva, que si queremos que el cumplimiento fiscal de nuestras comunidades autónomas sea mayor, es necesario, por un lado, fijar objetivos más realistas y, por otro, que las mismas cuenten con recursos financieros suficientes; amén, claro está, de gobiernos responsables y sensatos.