El futuro de la política europea de cohesión en liza
Por Raúl Mínguez Fuentes. Cámara de Comercio de España y Universidad Nebrija
Los pasados días 20 y 21 de febrero de 2020 se asistió en Bruselas a la falta de acuerdo en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo que congregó a los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea (UE) para debatir el presupuesto comunitario a largo plazo para el periodo 2021-2027.
El encuentro trataba de avanzar en la concreción del nivel global del futuro presupuesto a largo plazo de la UE, el denominado marco financiero plurianual (MFP), así como el volumen de los principales ámbitos de actuación, la financiación subyacente, y las condiciones e incentivos en su ejecución.
No en vano, se trata de una negociación ardua pues, entre otros aspectos, supone la necesidad de alcanzar las primeras cuentas financieras tras la salida del Reino Unido de la UE, lo que implica una merma de recursos de alrededor de 60.000-75.000 millones de euros.
Debe recordarse que el procedimiento de aprobación del MFP exige la unanimidad de los Estados miembros, tras las correspondientes deliberaciones técnicas y políticas, como la reciente reunión del Consejo en Bruselas. El proceso concluiría con la aprobación por parte del Parlamento Europeo del acuerdo adoptado, en su caso.
El punto de partida fue la presentación de la propuesta de la Comisión Europea del paquete del MFP el 2 de mayo de 2018, que implicaba 1,135 billones de euros en compromisos (en precios de 2018) entre 2021 y 2027, lo que equivale al 1,11 % de la renta nacional bruta de la UE-27.
En esta propuesta inicial, el presupuesto destinado al desarrollo regional y la política de cohesión ascendía a 330 600 millones de euros para 2021-2027. Sin duda, una cifra destacada que se distribuye entre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con alrededor de 200.600 millones de euros (incluidos 8.400 millones para la cooperación territorial europea y 1.500 millones como dotación especial para las regiones ultraperiféricas), el Fondo de Cohesión, con más de 41 000 millones de euros, y el Fondo Social Europeo (FSE) con 88.600 millones de euros.
Esta renovada política de cohesión tiene como objetivo reducir los desequilibrios entre las regiones de la Unión (ver mapa 1), con “especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña” (artículo 174 – Tratado de funcionamiento de la UE).
Mapa 1: Tasa de desempleo. Año 2016
Fuente: Comisión Europea (Seventh report on economic, social and territorial cohesion).
Sin duda, unos objetivos deseables para un crecimiento equilibrado, sostenible y favorecedor del progreso económico y social de todos los territorios comunitarios. De hecho, esta política encuentra su origen en el propio Tratado de Roma (1957), cuando se establecieron dos mecanismos específicos de solidaridad: el FSE y el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA, sección «Orientación»). Desde entonces, la cohesión territorial ha estado presente en el discurrir histórico del proyecto europeo, con hitos como la creación del FEDER en 1975 y del Fondo de Cohesión en 1994, o la introducción explícita de la dimensión territorial en la cohesión comunitaria en el Tratado de Lisboa (2008).
De este modo, desde 1988, la política de cohesión de la Unión ha concentrado, junto con la política agrícola común (PAC), una proporción significativa del presupuesto de la UE, con relevantes y positivos efectos para el progreso de la Unión (ver mapa 2). A título de ejemplo, entre 2014-2020 se destinarán más de 350.000 millones de euros en materia de cohesión, lo que representa el 32,5% del presupuesto total.
Mapa 2: Impacto estimado en 2030 de los programas comunitarios de cohesión del periodo 2014-2020 sobre el PIB regional
Fuente: Comisión Europea (Seventh report on economic, social and territorial cohesion).
Para España, los fondos recibidos desde el ámbito europeo son la piedra angular de la política regional aplicada en nuestro país. Desde la Administración General del Estado, los principales instrumentos financieros para el impulso del desarrollo regional son los Fondos Estructurales de la Unión Europea, complementados con el Fondo de Compensación Interterritorial, las Ayudas de Estado de finalidad regional, y la cooperación local del Estado. A estas actuaciones se añaden las políticas emprendidas por los diferentes entes autonómicos, canalizadas mayoritariamente a través de Agencias de Desarrollo Local.
En el periodo 2014-2020, España tiene asignados 37.400 millones de euros del presupuesto de la UE, encuadrados en 64 programas nacionales y regionales, dirigidos desde a la mejora en la empleabilidad y la integración social, hasta el apoyo para la mejora del entorno de las pymes en ámbitos como la innovación, la internacionalización, la financiación, la digitalización o la sostenibilidad.
Las negociaciones en liza, a la vista de los acontecimientos y las presiones en diversos frentes, pueden derivar en una redistribución de las prioridades políticas, con su reflejo en las dotaciones presupuestarias asignadas a las diferentes actuaciones. La creciente presión desde el sector primario para fortalecer la PAC, la mayor austeridad presupuestaria perseguida por países del norte del continente, o la atención a nuevos desafíos, como la lucha contra el cambio climático o la digitalización, son sólo ejemplos de los diversos ámbitos de influencia en disputa.
En este contexto, la política de cohesión podría verse damnificada, por la vía de una menor relevancia presupuestaria. Por ello, y ante la persistencia de las disparidades regionales en el seno comunitario, sería deseable que las negociaciones venideras llegaran a un consenso sobre la futura política de cohesión que no interrumpiera el proceso de convergencia y desarrollo de las regiones europeas y, por ende, españolas.
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