Nucleares, renovables y territorio: el realismo necesario para la transición energética

Por Josep-Maria Arauzo-Carod, IU-RESCAT & ECO-SOS, Universitat Rovira i Virgili

La transición energética constituye uno de los principales retos económicos, ambientales y territoriales de las próximas décadas. La necesidad de avanzar hacia un sistema energético basado mayoritariamente en fuentes renovables está fuera de discusión. La cuestión realmente compleja es cómo realizar esta transformación, a qué ritmo y con qué costes económicos y territoriales. Porque la transición energética no consiste únicamente en sustituir unas tecnologías por otras: implica transformar la geografía de la producción de energía y, con ella, la localización de inversiones, empleo, infraestructuras y actividad económica.

El Estado español parte de una posición relativamente favorable gracias al rápido crecimiento de las energías renovables durante los últimos años. La energía eólica y, especialmente, la solar fotovoltaica han aumentado notablemente su capacidad instalada y su participación en la generación eléctrica. Sin embargo, este avance debe ponerse en contexto con otro proceso simultáneo: la creciente electrificación de la economía. La sustitución de combustibles fósiles en el transporte, la industria o la climatización incrementará progresivamente la demanda de electricidad. Por tanto, no basta con que aumente la producción renovable; debe hacerlo a un ritmo suficiente para atender esa nueva demanda y, simultáneamente, sustituir otras fuentes de generación.

Mapa de ubicación de centrales nucleares

Nota: se incluyen las centrales en explotación y aquellas que han finalizado su vida útil o están en proceso de desmantelamiento.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Es en este contexto donde debe situarse el debate sobre la energía nuclear. El Estado español mantiene actualmente un calendario de cierre progresivo de sus centrales entre 2027 y 2035. El debate sobre este calendario suele plantearse como una elección entre dos modelos energéticos contrapuestos: nuclear o renovables. Sin embargo, esta dicotomía simplifica excesivamente el problema. La cuestión relevante es si el despliegue efectivo de nueva capacidad renovable, almacenamiento y redes permitirá prescindir de la generación nuclear en las fechas previstas sin aumentar la dependencia de combustibles fósiles o de las importaciones de electricidad y sin comprometer la seguridad de suministro.

Ello no implica defender indefinidamente la energía nuclear ni cuestionar la transición hacia las renovables. Implica asumir que una transformación de esta magnitud requiere una secuencia viable. Las decisiones sobre el cierre de las centrales deberían considerar su seguridad y vida útil, pero también la evolución efectiva de la capacidad renovable, las redes eléctricas, las interconexiones, el almacenamiento y la demanda. El calendario debería ser un instrumento al servicio de la transición y no un objetivo independiente de las condiciones reales del sistema eléctrico.

Existe, además, una dimensión que recibe mucha menos atención: la transición energética es también una transición territorial. Las fuentes de energía no están distribuidas homogéneamente por el territorio español. Las centrales nucleares en funcionamiento se concentran en unos pocos municipios y comarcas de Catalunya, València, Castilla-La Mancha y Extremadura, mientras que buena parte de la nueva capacidad eólica y fotovoltaica se está implantando en territorios rurales con baja densidad de población. Al mismo tiempo, los principales centros de consumo energético se localizan en las grandes áreas urbanas e industriales. Producción y consumo presentan, por tanto, geografías muy diferentes.

Esta circunstancia genera oportunidades, pero también importantes desequilibrios. Los territorios rurales pueden beneficiarse de nuevas inversiones, ingresos fiscales, alquileres de terrenos y empleo asociados a las renovables. Pero también soportan una parte importante de sus costes territoriales y paisajísticos, mientras que buena parte de la electricidad producida se consume a cientos de kilómetros de distancia. La aceptación social de la transición dependerá, por tanto, de cómo se distribuyan sus costes y beneficios. Una transición energéticamente eficiente pero percibida como territorialmente injusta encontrará resistencias crecientes.

Algo parecido ocurre, aunque en sentido contrario, en los territorios nucleares. Una central no es únicamente una instalación que produce electricidad. Tras décadas de funcionamiento, estas instalaciones han generado ecosistemas económicos locales formados por empleo directo e indirecto, proveedores especializados, trabajadores cualificados e importantes ingresos municipales. Su cierre supone, por tanto, un shock económico localizado. Por ello, cerrar una central debería implicar algo más que fijar una fecha. Requiere anticipar la transformación económica del territorio afectado. Los instrumentos estatales de transición justa y, específicamente en Cataluña, el Fondo de Transición Nuclear constituyen ejemplos de mecanismos destinados a anticipar y mitigar los efectos socioeconómicos territorialmente concentrados del cierre de instalaciones energéticas, pero las ayudas públicas por sí solas no crean una nueva estructura productiva. Es necesario atraer inversión privada, facilitar la aparición de nuevas empresas, reciclar y retener trabajadores cualificados y aprovechar las infraestructuras, capacidades industriales y conexiones eléctricas existentes para generar nuevas actividades. El objetivo no debería ser compensar temporalmente a estos territorios, sino facilitar su transformación productiva antes de que desaparezca la actividad que actualmente los sostiene.

La dimensión territorial afecta también al despliegue renovable. Si la España rural debe acoger una parte sustancial de las infraestructuras necesarias para descarbonizar las grandes áreas metropolitanas, resulta razonable que una parte significativa del valor generado permanezca en esos territorios. Participación local, comunidades energéticas, fiscalidad, empleo, inversiones complementarias y participación de empresas locales pueden contribuir a que las renovables sean percibidas como una oportunidad de desarrollo y no simplemente como una nueva ocupación externa del territorio.

El Estado español necesita acelerar su transición energética, pero velocidad y planificación no son conceptos equivalentes. Los objetivos climáticos deben ser ambiciosos, pero su ejecución requiere coordinar generación renovable, almacenamiento, redes, demanda y cierre de capacidad convencional. Y requiere también reconocer algo que con frecuencia queda fuera del debate energético: no existe transición energética sin transición territorial. La cuestión no consiste simplemente en escoger entre nucleares y renovables, sino en gestionar el paso de unas fuentes a otras garantizando simultáneamente la seguridad energética, la descarbonización y una distribución territorial razonablemente equilibrada de los costes y oportunidades de ese proceso.

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