Una visión regional de la subida del Salario Mínimo
Por Roberto Bande – GAME-IDEGA, Universidade de Santiago de Compostela
La aprobación en 2018 de la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 €/mes generó un fuerte debate (no siempre suficientemente informado) acerca de los efectos que esta subida acarrearía sobre la capacidad del mercado de trabajo de generar nuevo empleo, especialmente entre los colectivos a los que dicha subida afectaría en mayor medida. La propia literatura académica no ha llegado a un consenso sobre los efectos de una subida de este tipo, ya que éstos dependen de cuál es el contexto económico general, el punto de partida de los salarios, las características iniciales de la distribución salarial, etc. Desde una perspectiva puramente teórica la subida del salario mínimo generaría dos efectos contrapuestos. Por un lado, aumentaría la capacidad adquisitiva de un segmento del mercado laboral, lo cual reduciría el nivel de desigualdad salarial, lo cual es en sí mismo un objetivo de política económica deseable. Por otra parte, sin embargo, dicha subida generaría un incremento de los costes salariales asociados a estos trabajadores, que suelen ser los que presentan menores niveles de productividad. Ello podría poner en peligro la contratación de este tipo de trabajadores. Podríamos considerar, adicionalmente, efectos macroeconómicos de segunda ronda: el aumento en el salario se traduciría en un mayor gasto en consumo (las rentas bajas presentan mayor propensión al consumo), con el correspondiente aumento en la demanda agregada. Por otra parte, desde el punto de vista de la oferta, el mayor salario mínimo elevaría el salario de reserva de los trabajadores (el salario más bajo al cual estarían dispuestos a trabajar), lo cual podría incrementar la tasa de paro de equilibrio de la economía. El efecto final de un aumento del salario mínimo exige, pues, una evaluación cuidadosa (y basada en datos) de los efectos generados.
Existe una dimensión, no obstante, poco cuestionada en los debates, y es la relacionada con la homogeneidad del SMI entre las diferentes regiones. Un salario mínimo de 900 euros al mes no tiene el mismo efecto en unas regiones que en otras porque los salarios medios y medianos son muy diferentes. Por tanto, los potenciales efectos serían también muy dispares, especialmente desde la perspectiva de los costes laborales. Por ejemplo, empleando los datos proporcionados por la Encuesta de Estructura Salarial del INE (correspondiente al año 2017, último publicado), he calculado qué porcentaje del salario medio y del salario mediano representaría un salario mínimo de 900 euros. En las figuras 1 y 2 se resumen los resultados. Analizando el salario medio, observamos enormes diferencias regionales. Mientras en el País Vasco el salario mínimo de 900 euros/mes representaría un porcentaje inferior al 50% del salario medio (48,4%), en Extremadura dicho salario representaría casi el 70%. Si tomamos como referencia el salario mediano los resultados son similares (los respectivos porcentajes aumenta al 53,4% y el 79,5% respectivamente). Homogeneizar el salario mínimo entre las diferentes regiones españolas no parece, pues, una medida que contribuya a reducir las disparidades regionales en el mercado de trabajo. Una nueva subida del SMI hasta 1000 euros (como la recogida entre el pacto de coalición firmado por PSOE y Podemos) sin ningún tipo de diferenciación regional podría poner en problemas la capacidad de generar empleo en las regiones con salarios medios/medianos más bajos, mientras que las regiones con salarios medios/medianos más altos podrían absorber sin problemas dicho aumento. El aumento de las disparidades estaría servido.
Figura 1
Figura 2
Habría más dimensiones a considerar. Por ejemplo, el coste medio de la vida. No hay duda de que un salario de 900 euros al mes no permite una vida digna en una región como Madrid. El coste de la vivienda en esta región, por ejemplo, es el más alto de España. Según los datos del portal Idealista.com, el alquiler medio de una vivienda de 50m2 rondaría los 740 euros al mes. En Castilla-La Mancha, una vivienda de tamaño similar tendría un coste de 270 euros al mes. Estas diferencias en el coste de la vivienda (podríamos añadir otros costes relevantes, como el transporte) deberían reflejarse en el salario mínimo que percibiesen los diferentes trabajadores. Con un SMI homogéneo a nivel nacional no existe dicha posibilidad.
La solución obvia para reducir este tipo de problemas sería regionalizar los salarios mínimos y vincularlos a las condiciones propias de cada comunidad autónoma. Fijar un porcentaje del salario mínimo en función del salario medio o mediano en la región podría ser un primer paso. Vincular dicho salario mínimo al coste medio de la vida en cada región es otro paso evidente.
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