Una aproximación regional al entorno regulatorio de las empresas
Por Raúl Mínguez Fuentes. Cámara de Comercio de España.
El entorno en el cual desarrollan su actividad cotidiana las empresas evoluciona constantemente, incorporando sucesivamente cambios de carácter estructural o derivados de las circunstancias coyunturales. Cualquiera que sea su naturaleza, tanto política como institucional o social, estas variaciones en el contexto condicionan la toma de decisiones de las empresas, su capacidad competitiva y, en suma, su desempeño futuro. Para el seguimiento del entorno del tejido productivo español, una fuente de referencia es el módulo de Opinión sobre entorno empresarial publicado desde hace cinco años por el Instituto Nacional de Estadística, que recoge las opiniones de los gestores de los establecimientos empresariales sobre diferentes componentes del contexto.
Los últimos resultados disponibles, correspondientes al año 2017 y relativos a cerca de 6.500 compañías, muestran la relevancia que para las empresas españolas tiene la demanda de sus productos, con una importancia alta para el 51,0% de las respuestas. El entorno macroeconómico (con un 37,2%), la fiscalidad (con un 31,2%) y la regulación económica (con un 31,0%) ocupan las siguientes posiciones en la clasificación de componentes clave para la capacidad de crecimiento empresarial. Estos ámbitos también fueron destacados por su trascendencia en anteriores ediciones de la encuesta.
Fuente: INE.
Entre los componentes considerados, nos centraremos en la revisión de la evolución seguida por la regulación económica durante los últimos años, con especial atención a las diferencias a escala regional. Esta regulación incluye las normas que influyen sobre la constitución y actividad cotidiana de las compañías, a través de los trámites burocráticos asociados.
Como premisa de partida, es importante destacar que la regulación es necesaria para que una economía funcione del modo más estable y eficiente posible. El problema surge cuando dicha regulación es innecesaria, excesiva, obsoleta o de mala calidad, con efectos inmediatos sobre los correspondientes trámites administrativos. En tales circunstancias, se generan unas cargas administrativas para las empresas que influyen negativamente sobre su competitividad. Estas cargas se materializan en unos costes directos (costes operativos, en términos financieros, de equipamientos precisos, personal involucrado, etc.) e indirectos (por los recursos empleados que no se pueden utilizar en otros ámbitos como la innovación, la internacionalización o la formación). Lo cual, en última instancia, tiene asimismo su efecto pernicioso para el conjunto de la sociedad en términos de una merma en el bienestar colectivo.
En este sentido, como muestra la siguiente tabla, la regulación económica ha cedido protagonismo entre las preocupaciones de las compañías españolas desde 2013 (primer año en el que se realizó la encuesta). En 2013, el 44,5% de las empresas estimaban que la regulación económica influía sustancialmente sobre su crecimiento, frente al 31,1% que así lo manifestó en 2017.
La correspondiente lectura por Comunidades Autónomas no es uniforme. Así, la regulación es clave para el crecimiento de al menos un tercio de las empresas de Canarias, Galicia, Madrid o Castilla-La Mancha, mientras que para las compañías de La Rioja, Cantabria o Murcia esta proporción es inferior. El análisis dinámico refleja asimismo diferencias por Autonomías, con una mayor reducción relativa en la preocupación asignada al entorno regulatorio en regiones como Galicia, La Rioja o Cantabria.
Fuente: INE.
El módulo de Opinión sobre entorno empresarial analiza asimismo si la evolución de los componentes del entorno en el negocio, percibida por las propias compañías, ha sido favorable, desfavorable o neutra. Como presenta la siguiente tabla, la regulación económica mantuvo en el año 2017 un saldo neto desfavorable, en términos de su contribución al crecimiento de la actividad empresarial. Las diferencias entre Comunidades Autónomas son evidentes, con particular incidencia del contexto regulatorio en el caso de Castilla y León, Andalucía y Navarra, frente al menor saldo neto registrado para Baleares o Canarias. El análisis dinámico desde 2013 revela la positiva evolución generalizada en la regulación económico-empresarial; de suerte que en todas las regiones aumentó la contribución favorable de la regulación para el crecimiento empresarial, al tiempo que en todas disminuyó el impacto desfavorable, con una variación de dos dígitos en puntos porcentuales. No obstante, también en este aspecto se evidencian notables diferencias, con una disminución en el porcentaje de compañías para las que la regulación influyó de modo desfavorable entre 2013 y 2017 del orden de 40,2 puntos porcentuales en Galicia, frente a los 24,0 puntos en Navarra.
Fuente: INE.
La encuesta del INE recoge asimismo la percepción de las empresas sobre la evolución de los trámites añadidos para operar en distintos territorios. En este sentido, el 13,4% de los encuestados consideraron que en 2017 se incrementó el número de trámites adicionales para operar en otras regiones españolas, con una leve variación desde 2013 (reducción de 2,1 puntos porcentuales). El análisis por Comunidades Autónomas, conforme muestra la siguiente tabla, destaca la percepción generalizada de aumento de las trabas para el ejercicio empresarial en otras Autonomías. Asimismo, desde 2013 se han reducido los procedimientos burocráticos requeridos, si bien con opiniones diferentes entre regiones en cuanto a su intensidad. Incluso, en el caso de las compañías del País Vasco, Madrid, la Comunidad Valenciana y Navarra, los trámites percibidos para operar en otras Comunidades Autónomas han aumentado en el periodo considerado.
Por otra parte, a nivel nacional, el 11,7% de las empresas percibieron un aumento en los trámites necesarios para desarrollar la actividad en diferentes localidades dentro de la misma Autonomía, dinámica también generalizada en las diferentes Comunidades. A pesar de que desde 2013 estas trabas han ido reduciéndose paulatinamente en la mayor parte de las CCAA, las compañías del País Vasco, la Comunidad Valenciana y Madrid, estiman que los trámites dentro de la región han aumentado desde 2013.
Fuente: INE.
En suma, los avances en la disposición de un contexto regulatorio favorable para la actividad empresarial han sido evidentes durante el presente siglo, desde el pionero Plan de Agilización y Simplificación Normativa para la Competitividad de la Pyme (1999), pasando por el Plan para la Reducción de las Cargas Administrativas y de Mejora de la Legislación del año 2008, la actividad de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) iniciada en 2012, o los sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros con medidas para la reducción de las cargas administrativas aprobados en los últimos años. Actuaciones todas ellas dirigidas a mejorar la regulación económica, a través de la redacción de normas eficientes capaces de alcanzar los mismos objetivos con las mínimas restricciones posibles.
El mundo empresarial es consciente de este esfuerzo, si bien aún existe margen para la acción. Por ello, la simplificación administrativa debe seguir figurando entre las actuaciones prioritarias de la política económica, por sus decisivos efectos sobre la competitividad del tejido empresarial. Relevancia, como refleja la opinión de los empresarios, extensiva tanto al ámbito nacional como regional.
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