Un año en clave presupuestaria
Por M. Carmen Lima Díaz, Universidad Pablo de Olavide
Iniciamos el año con una vertiginosa agenda económica y política por abordar, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el nacional; cuyos retos van a marcar junto con la coyuntura internacional, una efervescente actualidad a lo largo de todo el ejercicio.
Centrándonos en Bruselas, la tensión continua. Al varapalo que ha supuesto la materialización del Brexit mediante el acuerdo de retirada del mes pasado, y aun recomponiéndonos de la reciente salida de dicho país de las instituciones comunitarias; toca trabajar duro para definir las nuevas relaciones bilaterales en un escenario de partida nada halagüeño en un principio. No obstante, sin perder el foco de atención sobre el devenir de dicha negociación, el ejercicio político se juega ahora en clave presupuestaria.
Y es que comienza a librarse una de las batallas más arduas entre los socios comunitarios, la relativa al Marco Financiero Plurianual, en palabras más sencillas, la que definirá el escenario de ingresos y gastos de la Unión para el septenio 2021-27. Hace un año, dedicábamos estas líneas a esbozar las orientaciones del mismo en base a la información disponible en ese momento. Transcurrido el tiempo, dicho marco se encuentra en una fase avanzada de negociación bajo varias circunstancias singulares: de un lado el adelgazamiento derivado de la pérdida de la aportación del país saliente y de otro, el compromiso adquirido de financiar nuevas colaboraciones en investigación, defensa, o control de fronteras; entre otras, junto con la posible penalización vía fondos europeos de aquellos países que no respeten el Estado de Derecho.
La Comisión Europea, en su ejercicio de iniciativa, propuso una cuantía en torno a 1.13 billones de euros que ya implicaba ajustes respecto a la situación presente y el Parlamento Europeo, considerándola insuficiente, la elevó a 1.32 billones. Las vacas flacas vendrán en breve de la mano del Consejo, estando representados los intereses de los Estados y donde se prevé que prime la parquedad, para lo cual, la presidencia finlandesa de hace unos meses, ya anticipaba un desglose de partida cuyo agregado ascendía a unos 1.087 billones a financiar entre los 27. Esta cuestión debería quedar decidida preferiblemente a finales de este primer semestre del año, lo que parece complejo, y se necesitará el visto bueno del Parlamento para cerrar la cuantía definitiva. Las cuentas no salen para poder mantener las políticas existentes, y mucho menos para reforzarlas con otras nuevas. De algún lado habrá que recortar, lo que hará más irrefutable que nunca aquel manido dicho de que el proyecto europeo es un gigante con pies de barro; muy a pesar de los más fervientes europeístas.
Y es que no cabe duda de que el baile final de décimas va ser determinante, ya que, estaríamos hablando de adelgazar en mayor o menor medida las finanzas de la UE en miles de millones de euros que se sumarían al agujero medio anual de en torno a 10.000 millones que en números redondos significará el Brexit. La traducción en términos relativos, evidencia nuevamente que la experiencia de integración más avanzada del mundo se sustenta en un más que modesto presupuesto; que tan sólo se sitúa ligeramente por encima del 1% de la renta nacional bruta de los socios participantes. Ante esos mimbres, se abre otra nueva ventana al disenso en lo relativo a cómo desnutrir las partidas para afrontar los mencionados ajustes. Los cálculos son intrincados, sobre ellos se aplican ciertas correcciones y nadie quiere perder en el reparto, ni volver a casa con un acuerdo cuestionable.
Podemos identificar diferentes corrientes entre los estados. Por un lado, nos encontramos con los países que necesitan de las políticas de cohesión y convergencia regional prometidas, formado por el bloque de la gran ampliación de la UE de 2004 y 2007. Comparten algunos de sus alegatos España, Portugal y Grecia, que en otros tiempos ocuparon las posiciones de cabeza como receptores netos de las políticas redistributivas que ahora ostentan los primeros. Del otro lado, los más pudientes, como Suecia, Dinamarca, Austria y Países Bajos, que llevan tiempo reclamando un presupuesto más exiguo. Por último, aquellos con intereses encontrados, claros contribuyentes netos, interesados por una parte en mantener las ayudas al sector primario y con identificadas divergencias regionales que justificarían las intervenciones de cohesión; como Francia, Alemania o Italia; pero que podrían plantearse algunos ajustes a cambio de que la factura final para su país fuera más asumible.
En España, confluyen varios posicionamientos. De un lado, el de la necesidad de dinamizar aquellas regiones más deprimidas que, cuando parecían salir del grupo de intervención prioritaria al final de la etapa expansiva, (logrando rebasar en la mayor parte de los casos un PIB per cápita del 75% de la media de la Unión), vieron cómo la crisis financiera internacional, la explosión de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis de la deuda soberana; diluían sus avances en términos de convergencia, con una fuerte contracción del empleo no recuperado aún y que justificarían plenamente la lucha por el fortalecimiento de la política regional. De otro, por la existencia en nuestro país de un sector agrario y ganadero consolidado, cuyas demandas debieran atenderse convenientemente. Esta situación nos haría vulnerables a las dos principales vías de ajuste presupuestario en un momento en que, parece más que probable que se opte por un recorte pseudo-lineal de esas partidas para adaptarse al enjuto bolsillo de los socios. Habrá que valorar, además, cómo queda el saldo neto español, que en los últimos años se ha movido entre ser receptor y contribuyente neto, lo que nos ayudará a ser más concluyentes sobre el balance final para el país.
Y en el plano nacional, más negociación. La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se encuentra ante una ardua tarea frente a Bruselas. De un lado, convencer de la necesidad del ejecutivo de alargar la senda de convergencia hacia los objetivos de déficit pactados con los socios de la UE, todo ello cuando apenas comenzábamos a saborear la alentadora noticia de la salida de nuestro país del procedimiento de déficit excesivo tras prácticamente una década, y con varias extensiones de los plazos establecidos por la especial incidencia que la crisis económica había generado.
De ser favorable la posición comunitaria frente a los argumentos esgrimidos, el déficit podría relajarse en algunas décimas, cuantía suficiente en miles de millones de euros para hacer factible la implementación de las medidas anunciadas por el gobierno de coalición. Evidentemente, la mejora en la recaudación por la vía de los ingresos podría ser un componente facilitador del mencionado proceso. La justificación de la ampliación en el margen de maniobra, se basaría en no poner en riesgo sino respaldar, el crecimiento económico y la generación de empleo. No obstante, el interés de Bruselas por conocer los entresijos de los nuevos presupuestos nacionales, podrían retrasar, al menos formalmente, su decisión sobre el encaje del desfase del mencionado déficit público español.
Calviño no elude su firmeza en la perentoria necesidad de alcanzar el equilibrio presupuestario para no desestabilizar la Unión Monetaria Europea. Sin embargo, se reafirma al igual que el resto del ejecutivo, en su convicción de que aquellos compromisos relativos a la senda fiscal, no debieran desatender una agenda social ambiciosa que permita reducir las desigualdades que se exacerbaron durante los años de austeridad y generaron una alta fractura en términos de desigualdad social. Su acreditada experiencia al máximo nivel como alta funcionaria en la Comisión Europea, constituye un aval para la instancia supranacional, considerándola garante de la disciplina fiscal y por tanto, solvente interlocutora. Nadie mejor, argumentan, para entender la conveniencia de ese objetivo. Nadie mejor, en consecuencia, para ser consciente de los problemas que aún enfrenta el país, con una deuda pública aún alta sobre la que hay que seguir trabajando y anunciadas reformas como la del mercado laboral de calado aún impreciso que podrían contribuir a consolidar el crecimiento o, por el contrario, desestabilizar las cuentas y llevarnos de nuevo a la casilla de salida. El desafío por delante es grande, y no parece bastar con la resilencia que muestran las previsiones macroeconómicas para España en comparación con las de nuestros socios. Habrá que buscar consensos para sacar adelante unos nuevos presupuestos que convenzan en el plano nacional y que, además, logren arrancar un voto de confianza de Bruselas.
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