NextGenerationEU: Una oportunidad estratégica
Por M. Carmen Lima Díaz. Profesora Titular de Economía Aplicada. Universidad Pablo de Olavide
Uno de los términos más repetidos en el ámbito de la UE en estos tiempos es NextGenerationEU. Su gestación, negociación y posterior implementación, lo han convertido en el trending topic de la política comunitaria. NextGeneratonEU es un instrumento de estímulo inversor al servicio de la reactivación de la UE a consecuencia de la pandemia por Covid-19. No obstante, se presenta como algo más que un Plan de Recuperación para Europa, ya que no pretende únicamente reparar los daños de la pandemia, sino transformar el modelo económico, social y ambiental europeo.
Según la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, su aprobación traslada una fuerte señal de confianza y constituye un momento histórico en la construcción europea. Ello podría entenderse en clave de fortalecimiento de los valores fundacionales, en tanto que supone un viraje hacia las olvidadas políticas de solidaridad en un alarde de enmendar los errores cometidos en la crisis financiera y posterior crisis de la deuda soberana. O al menos esa es la lectura que desde la convicción europeísta podría extraerse de las acciones planteadas y del talante de las mismas. Y es que, por primera vez, para financiar esta estrategia coordinada de cambio estructural, se acudirá a préstamos de los mercados internacionales con el respaldo de la Unión, mediante una política de financiación diversificada dirigida por la Comisión Europea. Con ello se pretende eximir a los socios más debilitados de desaforadas subidas de sus primas de riesgo y ataques especulativos como los ocurridos hace ya una década. En definitiva, NextGeneratonEU constituye un elemento reforzador y dinamizador de las partidas de gasto del presupuesto de un bloque de integración cada vez más consciente del impacto que ejerce a nivel social y medioambiental; y no exclusivamente gobernado bajo criterios económicos.
En contraste con el carácter austero con el que se ha venido financiando el proyecto de integración más avanzado de la historia, la apuesta por una dotación económica más solvente para tratar de hacer realidad esa remozada UE, es incuestionable. Ateniéndonos a las cifras más significativas, para los próximos años el presupuesto comunitario conformará el mayor paquete inversor jamás programado, un auténtico Plan de Reconstrucción con una cuantía total que asciende a 1,8 billones de euros a precios constantes de 2018, (equivalentes a 2,018 billones de euros a precios corrientes) una ingente cantidad de recursos que se distribuye en dos grandes partidas:
– El Marco Financiero Plurianual 2021-27 propiamente dicho, es decir, el tradicional presupuesto de la UE algo incrementado: 1,074 billones de euros a precios constantes de 2018, (equivalentes a 1,211 billones de euros a precios corrientes). Con él se atienden las grandes partidas clásicas de la PAC y cohesión, pero direccionando gran cantidad de iniciativas a la modernización (más del 50%), y al cambio climático (más del 30%) junto con otras en favor de la biodiversidad y políticas de género. En definitiva, cubrirá sus objetivos y servirá de apoyo a la transformación verde y digital.
– Un nuevo instrumento financiero de carácter temporal, NextGenerationEU: 750.000 millones de euros a precios constantes de 2018, (806.900 millones de euros a precios corrientes). En este apartado, la mayoría lo concentra el llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), cuyo reparto nacional dependerá del grado de deterioro económico y social experimentado por cada país en base a las restricciones sufridas. El MRR se dirige a promover la reactivación económica mediante la preparación para los nuevos retos y oportunidades. Con estos ajustes se pretende recuperar los niveles de crecimiento sostenible y el empleo. El segundo gran bloque de financiación se dirigirá a políticas de cohesión como ReactEU con ayudas de naturaleza fundamentalmente estructural.
A lo mencionado con anterioridad, habría que sumar las acciones que ya fueron tomadas con carácter de emergencia para amortiguar los primeros impactos de la crisis en la primavera de 2020, consistentes en un mecanismo de provisión de liquidez denominado Triple Red de Seguridad que se dotó con hasta 550,000 millones de euros compuesto por tres iniciativas principalmente:
– SURE: El instrumento para atenuar los riesgos de desempleo, un escudo de protección para los trabajadores que, para el caso de España, supuso el desembolso de 21.000 millones de euros para los ERTE, prestaciones extraordinarias para autónomos e incapacidades laborales.
– Fondo Paneuropeo de Garantías del Banco Europeo de Inversiones (BEI): para el fortalecimiento de la solvencia y liquidez de las empresas.
– Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE): Línea de crédito para los Estados miembros para gastos asociados a la pandemia por una cuantía de hasta el 2% de su PIB; sin la temida condicionalidad para el gasto sanitario.
Con el nuevo presupuesto diseñado para 2021-27, se acuerda un marco más flexible para poder atender a posibles contingencias, aunque más estricto en cuanto a su supervisión y donde la búsqueda de nuevos recursos para su financiación está más presente que nunca. Por ello, a los ingresos ordinarios de los derechos en aduana (10-12%), contribución del IVA (en torno a un 15%), transferencias nacionales mediante el recurso RNB (70% aproximadamente) y otros menores; se suma un nuevo recurso basado en envases de plástico no reciclados (desde enero de 2021). Asimismo, se ponen en discusión otros posibles: subasta de derechos de emisión, tasa de CO2 a ciertas importaciones o impuesto a multinacionales.
En clave de reparto nacional, los Estados deben proponer a la Comisión Europea un plan con objetivos y reformas; en sintonía con el llamado Semestre Europeo. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, supone un 11% del PIB nacional anterior a la crisis por la pandemia. Aglutina 140.000 millones de euros repartidos prácticamente por igual entre ayudas no reembolsables y préstamos, siendo susceptible de ajustes al alza dependiendo de la evolución de los indicadores económicos. Una vez recepcionadas la prefinanciación y la primera transferencia, se irán recibiendo desembolsos con el correspondiente seguimiento de los hitos alcanzados, como en el caso de los próximos 12.000 millones de euros tras la reciente convalidación en el Congreso de la reforma laboral. Se definen 4 ejes transversales de intervención (transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, e igualdad de género); y 10 ejes palanca (Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura; Infraestructuras y ecosistemas resilientes; Transición energética justa e inclusiva; Una Administración para el siglo XXI; Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora; Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud; Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades; Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo; Impulso de la industria de la cultura y el deporte; y Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible). El modelo de gobernanza es centralizado, aunque el plan recoge que contará con las administraciones más cercanas a la ciudadanía.
A la espera de su ejecución, resulta evidente la necesidad de promover iniciativas con capacidad de generación de incrementos de productividad y PIB potencial en aras de un crecimiento sostenible e inclusivo; que garantice avances en la convergencia y el bienestar de la sociedad. En este sentido, los gestores de la política económica, desde los diferentes niveles de la Administración (supranacional, nacional, regional o local), tienen por delante el reto de la eficiencia en la gestión de los recursos públicos comprometidos. Por ello, el papel jugado por la evaluación de políticas toma más protagonismo que nunca, especialmente en un escenario marcado por la condicionalidad de los desembolsos y por el posible endeudamiento generado. Se trata, por tanto, de una política ambiciosa, rica en recursos iniciales, pero a su vez muy exigente en resultados.
En conclusión, el éxito de las acciones dependerá de su efecto multiplicador, del cambio efectivo de modelo, del grado de ejecución de los proyectos y de la eficiencia por euro invertido. Aunque la situación presentada podría generar cierto vértigo por la perentoria necesidad de las inversiones, difícilmente volveremos a encontrarnos en una coyuntura tan favorable como la actual para acometer los ajustes estructurales que tanto veníamos demandando, en el marco de una nueva UE más ecológica, más digital y más resiliente. Contamos con los recursos para ese impulso inicial, todo dependerá de lo acertado de las acciones y de la capacidad gestora, que deberá poner a prueba un modelo de gobernanza para que nadie quede atrás. Seamos optimistas: España Puede.
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