Los grupos discriminados en México ante la informalidad laboral. Un análisis de ámbito urbano-rural
Por David Robles Ortiz – Escuela Superior de Economía – Instituto Politécnico Nacional de México – drobleso@ipn.mx
La discriminación en diversas formas continua latente en la sociedad mexicana, a pesar de las múltiples estrategias implementadas para contenerla. Cuando hablamos de discriminación, de acuerdo con la misma ley mexicana, se hace referencia a cualquier tipo de distinción, exclusión, restricción o preferencia que obstaculice o anule el reconocimiento y goce de los derechos humanos y libertades, independientemente a que sea intencionada o no. Infortunadamente, esta adopta muchas facetas siendo una de ellas la discriminación laboral que puede manifestarse desde una exclusión directa o como falta de oportunidades de desarrollo profesional. No obstante, este problema puede intensificarse si lo ligamos con la informalidad laboral, que por sí sola, alcanza cifras impresionantes. Estamos hablando de que cerca del 60% de la población empleada en el país no cuenta con seguridad social ligada a su empleo, lo cual lo hace ser informal.
Tanto la discriminación como la informalidad laboral están fuertemente interconectadas en México e impactan significativamente en el ámbito laboral, en donde, los grupos discriminados se enfrentan a una mayor vulnerabilidad al enfrentar barreras adicionales para acceder a empleos formales y a condiciones laborales justas, lo que contribuye a la perpetuación de la desigualdad laboral. En datos, estamos hablando de cerca del 75% de la población que forma parte de algún grupo discriminado. Esta discriminación agrava la informalidad laboral al limitar las opciones de empleo para ciertos sectores poblacionales y perpetuar la brecha socioeconómica, cuyos efectos negativos inciden en la productividad laboral, la recaudación fiscal y, por ende, en el crecimiento económico.
Debido al tamaño e incidencia de estas dos situaciones, hemos emprendido la tarea de caracterizarla. Para ello, analizamos siete grupos discriminados, clasificados por la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS) para el año 2022: personas indígenas y afrodescendientes, con discapacidad, migrantes, personas con diversidad religiosa, adultos mayores, jóvenes y mujeres. El análisis ha mostrado que la probabilidad de incluirse en la informalidad laboral se incrementa cerca del 30% con respecto a los que no forman parte de algún grupo discriminado, condición que puede ser agravada si al mismo tiempo radican en zonas rurales.
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2023).
Para contextualizar la situación, supongamos que una mujer que forme parte de algún grupo étnico tiene una probabilidad de caer en la informalidad del 69% en caso de vivir en un área urbana, y del 88% si radicara en una zona rural. Otra situación bastante peculiar se aprecia en la población de la tercera edad (catalogada como población en edad de trabajar) pues hemos encontrado que son el grupo más propenso a trabajar en la informalidad, con una probabilidad del 92% para la población femenina y del 91% para la masculina. Para añadir otro ejemplo más, supongamos ahora el caso de una mujer con discapacidad y que a su vez reside en una zona rural. Para ella, la probabilidad de caer en la informalidad aumenta en 30 puntos porcentuales.
Como se observa, aunque ambas condiciones de manera individual son un gran reto para la política económica y social mexicana, unidas maximizan sus efectos, acentuando aún más la desigualdad, pues, además de pertenecer a un grupo discriminado, aumenta la probabilidad de ser informal, lo cual atenta contra el derecho a un empleo y salario digno. En resumen, el reto es grande, y su reconocimiento y mitigación es fundamental para la construcción de una sociedad inclusiva y justa en México. La atención al colectivo discriminado podría garantizar la igualdad de oportunidades y de derechos humanos, situaciones muy acusadas en el territorio nacional.
Por ello, el apoyo y la promoción de la equidad laboral para estos grupos, fomenta el respeto a la diversidad, fortalece el tejido social e impulsa el desarrollo integral de la nación. Para abordar estos desafíos, es crucial implementar políticas laborales inclusivas que promuevan la formalización del empleo y eliminen las barreras discriminatorias, ¿se está andando por esta senda? Aunque no todo es responsabilidad de las autoridades políticas, también juega un rol muy importante la concientización social individual sobre la importancia de la igualdad de oportunidades en el ámbito personal y laboral, de tal manera que, desde nuestra posición se aporte a la reconstrucción del tejido social y laboral mexicano, que por muchos años se ha venido deteriorando.
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