La dimensión urbana y regional de la aceptación social de la transición ecológica
Por Josep-Maria Arauzo-Carod – Departament d’Economia (ECO-SOS & IU-RESCAT) – Universitat Rovira i Virgili – @IND_LOC
La transición ecológica como consecuencia de décadas de un modelo de crecimiento altamente contaminante es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los gobiernos, instituciones públicas y empresas. Esta importante transformación va más allá de las estrategias económicas en términos de qué producir y cómo producirlo, y se basa en gran medida en el compromiso social para garantizar que los esfuerzos públicos, privados e individuales se muevan en la misma dirección. Es por esto que la aceptación social es una cuestión crucial para asegurar el éxito de este proceso, pero ésta consiste en un fenómeno muy complejo, determinado tanto por características individuales de los individuos (como la edad o el nivel educativo) como por características externas (como el área geográfica donde los individuos viven e interactúan). En este sentido, el proyecto Social Perception and Ecological Transition Under a Multi-dimensional Socio-economic Analysis of the Spanish Regions (SPECTRUM), financiado por la Agencia Estatal de Investigación y la Unión Europea (código TED2021-130835B-I00) pretende, entre otros aspectos, analizar la dimensión espacial de la aceptación social del proceso de transición ecológica, a efectos de comprender la forma en que las ciudades y las regiones configuran las percepciones de los individuos en relación a dicho proceso.
Actualmente se producen respuestas heterogéneas a los retos climáticos y medioambientales por parte de territorios con características diferenciadas. Entre los principales causantes de esta heterogeneidad espacial podemos identificar: i) la exposición a los problemas medioambientales, ya que estos problemas tienen enormes asimetrías espaciales en términos de, por ejemplo, la contaminación y la exposición al cambio climático; ii) la dependencia de los recursos naturales, ya que la proximidad espacial a los recursos naturales (por ejemplo, la agricultura, los bosques o las zonas costeras) aumenta la conciencia de los efectos del cambio climático; iii) las oportunidades económicas, ya que los individuos que viven en zonas deprimidas pueden estar menos preocupados por las medidas estrictas vinculadas a la transición ecológica; iv) la estructura económica, ya que las personas que viven en zonas donde los combustibles fósiles son un componente clave de las actividades económicas pueden estar menos preocupadas por la urgencia de la transición ecológica; y v) la accesibilidad a la información, ya que los entornos urbanos suelen facilitar los flujos de conocimiento sobre los desafíos del cambio climático y, por tanto, la concienciación ciudadana.
En general, identificar estas heterogeneidades es de crucial importancia, ya que la transición ecológica se basa en el apoyo y el compromiso social, que pueden diferir entre ciudades y regiones en función de las dimensiones discutidas anteriormente. En este sentido, para asegurar este compromiso social es necesario comprender la forma en que las especificidades urbanas y regionales configuran la aceptación social de la transición ecológica. En concreto, este contexto geográfico es necesario para el diseño de políticas específicas para ciudades y regiones que puedan asegurar el apoyo social a los objetivos medioambientales, independientemente de la zona geográfica.
Así, existe una amplia literatura sobre la aceptación social de la instalación de infraestructuras energéticas, en particular, y de cualquier tipo de infraestructuras, en general. Esta literatura se centra en las externalidades negativas que generan estas infraestructuras en las zonas circundantes, especialmente en términos del ruido (la contaminación acústica de los parques eólicos), impacto visual (la estética), la congestión (el aumento de los flujos de transporte en la zona), la contaminación (la contaminación atmosférica y del agua) y los riesgos potenciales (derrames, accidentes, etc.). Todos estos efectos negativos potenciales suelen generar objeciones a la implantación de determinadas infraestructuras, aunque también es cierto que algunas personas las ven como potenciales impulsores del desarrollo económico. En general, las estrategias para facilitar la aceptación social incluyen el compromiso con las comunidades locales y el reparto de los beneficios (como la introducción de mecanismos de compensación para contrarrestar los efectos negativos de las infraestructuras). Esto es especialmente relevante cuando se trata de cuestiones espaciales, ya que las externalidades negativas tienen un alcance geográfico limitado y no se perciben más allá de cierta distancia.
Un ejemplo muy interesante de este fenómeno lo proporciona el sector de la energía eólica, de implantación muy desigual en España, dado que los parques eólicos se localizan principalmente en zonas rurales, siendo que en algunas de ellas el volumen de molinos de viento es considerado como excesivo por pate de los residentes en la zona. Este hecho provoca un cierto rechazo social que contrasta con un mayor apoyo en las áreas urbanas, donde la implantación de parques eólicos es mucho menor. En este sentido, en el marco del proyecto SPECTRUM hemos llevado a cabo una encuesta a 7.029 ciudadanos, en la que hemos contrastado dicha heterogeneidad territorial por lo que se refiere a la aceptación de la instalación en el propio municipio de un parque eólico.
Aceptación de la instalación en el propio municipio de un parque eólico
Fuente: elaboración propia.
Los resultados muestran una diversidad de aceptación en términos regionales y urbano-rurales. Así, si nos fijamos en las comunidades autónomas del centro y el sur de la península ibérica, los niveles de aceptación son más elevados que en la cornisa cantábrica o el levante, por ejemplo. Sin embargo, lo que llama sobremanera la atención es la mayor aceptación que se produce en los núcleos urbanos de comunidades como las Canarias, Andalucía, o Aragón con relación a los núcleos rurales de dichos territorios. También es cierto que se da el caso contrario en determinadas zonas del norte de la península, pero se trata de territorios con un mayor peso de los núcleos rurales. En cualquier caso, al margen de las explicaciones que pudieran proporcionarse para dichas diferencias, lo que parece cierto es que el entorno inmediato en el que residen los ciudadanos condiciona parcialmente su aceptación de las infraestructuras energéticas necesarias para la transición ecológica, y éste es un aspecto que los policy makers no pueden ignorar en el momento de diseñar las políticas al respecto.
“La riqueza de las regiones” constituye un instrumento de comunicación e intercambio de ideas promovido por Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). Para más información sobre la actividad de AECR visite su Página Web o síganos en Facebook, Linkedin, Youtube y/o Twitter.