El pacto de migraciones y refugiados de la UE: un retroceso
Por José María Mella, catedrático emérito, Universidad Autónoma de Madrid
El reciente Pacto de Migraciones y Refugiados ha generado un amplio movimiento de críticas, sobre todo entre ONG y otras organizaciones sociales y políticas, que denuncian la vulneración de los derechos humanos, el endurecimiento de las condiciones de asilo, la deportación y/o detención de los demandantes de asilo que no encajen en el perfil estándar, y la compensación o pago de 20.000 euros por refugiado o migrante rechazado por parte de los países de no acogida.
Además, por si fuera poco, el control de los migrantes afectará también a los niños mayores de seis años que verán violados sus derechos, mediante la detención y retención de estas criaturas en instalaciones policiales, los mayores obstáculos a la reunificación familiar incluso con sus propios hermanos, priorizando siempre las políticas de externalización y control de fronteras sobre la garantía de los derechos humanos. Porque si hubiese una asunción sólida de los principios del derecho, podría haberse aprovechado para proceder a regularizaciones extraordinarias de todos aquellos en situaciones administrativamente irregulares.
Un Pacto a la altura de los valores que la UE dice defender, debería apostar decididamente por el derecho a la emigración, a las vías seguras de movilidad humana internacional y la regularización en los países de destino. En caso contrario, la UE seguirá estrellándose contra la misión imposible, inhumana y brutal de la precariedad de las condiciones de acogida y el control inviable de las fronteras. Para mayor regodeo el Pacto se caracteriza de “histórico”, cuando es una mera respuesta coyuntural, a menos de cinco meses de las próximas elecciones europeas y con los partidos nacionalistas antinmigrantes y de extrema derecha en alza.
Este Pacto es una bomba de relojería que va a crear más problemas de los que pretende resolver. Por eso es más una amenaza que una oportunidad, una oportunidad “perdida”.
En suma, los países de la UE deberían cumplir sus obligaciones de acogida, respetando los derechos humanos, creando un mecanismo de solidaridad obligatorio, y no pagar a países considerados “seguros” cuando existen serias dudas de que lo sean. Realmente, en comparación con el sistema anterior de Dublín, este Pacto no implica ningún avance; todo lo contrario, es un retroceso y un fracaso, que la UE no se puede permitir.
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