Andalucía y Fondos Europeos ¿construyéndose el futuro de la región?
Por Manuel J. Marchena Gómez – Catedrático de Análisis Geográfico Regional – Universidad de Sevilla
Hace casi cuarenta años que Andalucía recibe Fondos Europeos. Hecho nada desdeñable, controvertido, absolutamente clave en el desarrollo regional de nuestra Comunidad Autónoma y lo que es inadmisible, difícil de cuantificar y analizar científicamente por falta de fuentes, series y aplicaciones seriadas con cierto rigor. La ausencia de homogeneidad estadística complica el reconocimiento ciudadano del importe recibido y cómo se ha invertido casi el 2% del PIB andaluz acumulado en estas cuatro décadas. Unos 2.500 millones anuales de promedio que han coadyuvado a que el crecimiento anual de Andalucía sea de 1% de media mayor gracias a los fondos aplicados desde la Unión Europea. Con un efecto multiplicador de 1,5 euros por cada 1 invertido.
Se torna imprescindible una mayor eficacia en la evaluación y ejecución de proyectos con el objetivo de que no se comporten como inversiones coyunturales si no estructurales para el desarrollo regional de Andalucía. La oportunidad así lo demanda, cuidándose la naturaleza del gasto y los recursos públicos disponibles con el afán de la convergencia —¿será utopía?— y el desarrollo productivo de Andalucía. En este sentido se hace necesario reivindicar la necesidad de incardinar a los entes locales —municipales y supramunicipales— en la necesaria gestión y aplicación de los mencionados fondos NextGenerationUE. Es una cuestión en el fondo, de materializar derechos sociales en el territorio y quizás invertir menos en campañas de sensibilización o turísticas que son imposibles de calcular con rigor en su retorno económico y desde luego aportan escaso valor a la modernización andaluza.
Sobre magnitudes, Andalucía habría recibido un incremento del 50% de los fondos europeos del período 2014-2020. Unos 4000 millones de euros por causa de los NextGenerationUE. Es bien sabido que la ejecución de los fondos europeos en Andalucía es manifiestamente mejorable, la verdad que como en buena parte de la geografía autonómica española. Pero estos cuantiosos fondos extraordinarios postpandemia son de forzada ejecución en el corto plazo y son recursos subvencionables a demanda y por tanto de compleja ejecución real. Instrumento paradigmático en la materia serían los PERTEs, una herramienta
para dirigir inversiones masivas en sectores específicos: coche eléctrico, hidrógeno verde, digitalización del agua…
En este contexto, debe demandarse la propia y urgente modernización de la gestión burocrática de la Junta de Andalucía para estos cometidos y en general como servicio público. Particularmente porque los beneficiarios de los fondos, como venimos reiterando, son programas de las propias administraciones públicas y quedan en almoneda o en dificultosa gestión las licitaciones y las subvenciones, con condiciones inmejorables de pago y financiaciones, para la iniciativa privada colaboración público-privada –que es la que debiera ser la fundamental beneficiaria de los NextGenerationUE.
Estos fondos para una gestión propia más eficiente, tendría que asignar una parte de gasto, precisamente a la reforma de la administración pública andaluza en la parte que fuera necesaria para simplificar, digitalizar y reorientarla, por qué no, como “Project mánager”. Es decir, como administración responsable porque hasta ahora han sido las grandes consultoras económicas (“big four”) las más beneficiadas en la coautoría y orientación de los NextGenerationUE.
El discurso sobre estos fondos pretende dibujar una “década prodigiosa”, al convertirse en el principal instrumento de política económica en España y en particular para Andalucía. Ante este enorme reto de gestión, algunos malpensados opinan, que” los países frugales”, los países de la centralidad europea, optaron por la generosidad cuando en la crisis financiera invocaron la austeridad para el sur de Europa, porque vamos a ser incapaces de ejecutar tamaña cantidad de fondos.
Los fondos europeos son una herramienta económica que han servido históricamente como mecanismo de presión para la integración europea. Andalucía debe recibir un 18% de los 72.000 millones de euros de transferencias no reembolsables asignados a España. Las simulaciones con las que concluye esta obra permiten determinar que si se recibieran ese montante de fondos permitiría recuperar la caída del PIB por la COVID, y con escenarios más restrictivos en cualquier caso (la mitad o un tercio del montante asignado) provocaría un efecto promedio anual de un 7,05 % sobre el PIB andaluz. En efecto, no podemos desaprovechar esta oportunidad auténticamente histórica.
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