Los jóvenes y el trabajo digno. Un análisis a nivel de distintas regiones de México

Por David Robles Ortiz – Escuela Superior de Economía – Instituto Politécnico Nacional de México – drobleso@ipn.mx – Perfil X: @drobleso

Hace un par de meses, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó una alerta preocupante: cerca del 60% de los jóvenes que trabajan en América Latina y el Caribe lo hacen sin un empleo digno. En México, esta situación no es ajena. Los jóvenes de entre 18 y 20 años, muchos de ellos recién egresados o aun cursando la educación básica, son quienes más se suman al mercado laboral, pero también, quienes más lo hacen en condiciones precarias. Pero ¿qué entendemos por trabajo digno o decente? Según la Ley Federal del Trabajo, se trata de aquel que no solo ofrece un salario justo, sino que también garantiza acceso a la seguridad social y un contrato por escrito con el empleador. Sin estos elementos, el empleo se considera informal. Trabajar en la informalidad no es solo una cuestión administrativa. Significa vivir sin protección social, sin estabilidad económica y con un alto nivel de incertidumbre. Para los jóvenes, esto representa una barrera enorme para construir un futuro sólido, profesional y personal. Combatir esta realidad no es una opción, es una necesidad urgente.

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI

En cifras, para finales de 2024, de los 6.4 millones de jóvenes de entre 18 y 20 años, solo el 11% cuenta con seguridad social a través de su empleo. Esta realidad ha empeorado con los años: antes de la pandemia, en 2019, cerca de 928 mil jóvenes gozaban de prestaciones laborales, pero hoy esa cifra se redujo a 770 mil, lo que significa una caída del 16%. Sin embargo, al realizar el análisis por regiones se observa la gravedad y heterogeneidad del problema. Por ejemplo, Guanajuato que forma parte de la región centro del país, paso de 66 mil 390 en 2019 a 49 mil 014 en 2024, una caída notable. Lo mismo sucede en el Estado de México, al pasar de 88 mil 391 a 73 mil 688 jóvenes sin acceso a la seguridad social. Un caso critico es la región sur del país, la cual contiene a los estados más pobres como Chiapas y Oaxaca. En el primero caso, a pesar de que el total poblacional creció, aquellos con acceso a la seguridad social disminuyó alrededor de un 40% del 2019 al 2024. En el segundo, las cifras también son alarmantes: apenas 5 mil personas con acceso a seguridad social frente a 78 mil sin acceso. La tendencia en muchos estados, principalmente de la región sur del país, apunta a un deterioro del acceso a empleos formales para los jóvenes, con una reducción en el acceso a la seguridad social y un aumento de la informalidad laboral. Esto es preocupante porque implica mayor vulnerabilidad económica y social para las nuevas generaciones.

Aquí es donde la política pública se vuelve indispensable. No se trata solo de crear más empleos, sino de garantizar que sean empleos dignos, formales y con derechos. Las acciones no solo deben estar encaminadas en facilitar la incorporación formal de los jóvenes al mercado laboral, sino se debe vincular y adaptar los planes de estudio a las necesidades del mercado. Lo anterior con un enfoque regional diferenciado, es decir, las soluciones no pueden ser uniformes, pues como se vio, entidades pertenecientes a la región sur, como Chiapas, Oaxaca o Veracruz requieren intervenciones más intensas por el tamaño del problema. La informalidad laboral juvenil no es solo un reto económico: es un obstáculo al desarrollo social, a la productividad del país y a la equidad. La política pública debe actuar con visión estratégica, sensibilidad territorial y enfoque de derechos para revertir esta tendencia. Combatir la informalidad es invertir en el presente y futuro de México.

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