Hacia la mejora en el marco regulatorio de las pymes: la oportunidad del Laboratorio Europeo de Competitividad y del Régimen 20
Por Raúl Mínguez (Cámara de Comercio de España y Universidad Nebrija)
El entorno regulatorio influye sustancialmente sobre la actividad empresarial. La regulación es necesaria para el correcto funcionamiento del mercado, eliminando los posibles fallos de mercado, protegiendo a los agentes económicos y garantizando la necesaria estabilidad y predictibilidad de las relaciones económicas. Buena parte de las decisiones de las empresas en materia de inversión, internacionalización, digitalización, investigación, crecimiento, formación… están condicionadas por las normas que deben cumplir y la burocracia asociada.
No obstante, una normativa exigente, compleja, obsoleta o de mala calidad, en definitiva, una regulación ineficiente y no “inteligente”, puede desembocar en cargas administrativas gravosas para las empresas, especialmente pymes, que merman su capacidad competitiva y su propio desarrollo (Helpman, 2008; Mora-Saguinetti y Martínez Matute, 2014).
No en vano, el último estudio sobre Clima Económico-empresarial de la Cámara de España revelaba que, entre las dificultades más importantes sufridas por las empresas en 2024, la presión regulatoria y burocrática preocupaba al 22,3% de las compañías. Una percepción que se aproximaba al 30% en el caso de las compañías de mayores dimensiones y en algunos sectores como la industria (exc. agroalimentación), agroalimentación o resto de servicios.
Fuente: Cámara de Comercio de España.
Las Administraciones son conscientes de la necesidad de trabajar en la mejora del marco regulatorio y la reducción de cargas administrativas, con el fin de crear un entorno propicio al desarrollo de la actividad productiva y, por ende, a la mejora del bienestar colectivo.
En este sentido, en las últimas décadas se ha desarrollado notablemente la política de mejora de la regulación. Tal y como el informe Mandelkern (2001): “Las normas son esenciales para alcanzar los objetivos de las políticas públicas, de acuerdo con ello, la mejora de la regulación no trata simplemente de eliminar dichas normas de una manera irreflexiva. Más bien, lo que pretende es garantizar que se opte por legislar cuando resulte adecuado y, por otro lado, que cuando se legisle, las normas sean de calidad”.
Tanto desde la UE como desde España (por ejemplo, la Dirección General de Política Económica) se han desarrollado múltiples acciones y políticas con el fin de conseguir una mejora de la regulación (“better regulation”) y una regulación inteligente (“smart regulation”), además de toda una serie de actuaciones vinculadas para la simplificación administrativa y la reducción de cargas burocráticas. Un ejemplo lo constituyen asimismo los convenios regulares de la Dirección General de Gobernanza Pública con determinadas organizaciones, como las cámaras de comercio, para la identificación de cargas administrativas y simplificación de procedimientos, que evidencian las virtudes de la eficaz colaboración público-privada.
Esta voluntad sigue estando plenamente vigente, a la vista del requerimiento urgente de los recientes informes Letta y Draghi a los Estados miembros de la UE para la profundización y mejora del mercado único, en aras de recuperar competitividad. En particular, Letta propone la eliminación de barreras administrativas y burocráticas y la armonización de la regulación mediante un Código Europeo de Derecho Mercantil, que permitiría crear un régimen unificado, el número 28, para que las empresas puedan operar con mayor facilidad en la UE. Se trataría de una régimen paralelo, complementario y facultativo a las normas nacionales, que serviría como una opción jurídica aplicable en toda la UE.
Por su parte, el Informe Draghi propone un sistema similar para interconexiones eléctricas consideradas Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (PIICE) y para pymes y mid-caps innovadoras.
España no está siendo ajena a estas iniciativas y reflexiones, ejerciendo de hecho su liderazgo en la materia con dos propuestas específicas. Por una parte, durante el Eurogrupo de octubre de 2024, nuestro país instó a crear una herramienta denominada Laboratorio Europeo de Competitividad, a modo de entorno regulatorio limitado para que algunos Estados miembros ensayen nuevos proyectos de forma controlada y puedan medir su impacto cuantitativo. Por ejemplo, en materia de armonización legislativa (para profundizar en el mercado único) o en la simplificación regulatoria (para hacerlo más eficiente y competitivo).
En esta misma línea, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa está trabajando en el denominado “Régimen 20”, de aplicación en España para aligerar a las empresas de cargas y permitir operar de un modo más rápido. Para ello, en el marco de la Conferencia Sectorial para la mejora regulatoria y el clima de los negocios se ha planteado un plan de trabajo en varias fases. La primera fase, en marcha y con el apoyo de la red cameral, se concretaría en un diagnóstico por sectores (inicialmente, comercio y hostelería, profesiones reguladas, transporte, formación e infraestructuras), para identificar los fallos de coordinación entre las CCAA o la falta de proporcionalidad en las diferentes normativas regionales. En una segunda fase, se definirían medidas concretas que palíen las problemáticas, de forma conjunta con las Administraciones autonómicas y locales, con el objeto de comenzar a implantarlas con celeridad.
La puesta en marcha de estas iniciativas, no exenta de posibles dificultades jurídicas y prácticas, encaminadas a incrementar la coordinación y simplificación de la normativa existente, en los distintos niveles administrativos, generaría efectos positivos sobre la actividad empresarial, especialmente de las pymes. Indudablemente, avanzar en disponer de una regulación moderna, eficiente y que propicie un entorno favorable para la actividad empresarial contribuiría a reducir incertidumbres e ineficiencias, pudiendo así destinarse más recursos a la actividad productiva y el bienestar colectivo.
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